Tollos

La Conselleria de Bienestar Social ordena a la de Hacienda el pago de la deuda al geriátrico

La suma aprobada asciende a 91.000 euros y se han dado instrucciones para que el trámite se realice de forma urgente

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Imagen del acto de protesta llevado a cabo el lunes.
Imagen del acto de protesta llevado a cabo el lunes.  JUANI RUZ

M. VILAPLANA La Conselleria de Bienestar Social ha ordenado a la de Hacienda el pago del dinero que se le adeuda a la empresa encargada de la gestión de la residencia geriátrica de Tollos. La suma aprobada asciende a 91.000 euros, y se han dado instrucciones para que el trámite se realice de forma urgente y se evite, consecuentemente, el cierre del centro.
Tal y como se ha venido informando, medio centenar de personas, entre residentes, familiares y trabajadores, llevaron a cabo el pasado lunes un acto de protesta ante el Ayuntamiento de Tollos para exigir el dinero que se le adeuda a la empresa Servei d'Ajuda Domiciliària (SADA), encargada de gestionar la residencia. La firma ha advertido que este mes ya tendrá problemas para hacer frente a las nóminas de la plantilla, y que se puede ver forzada a cerrar de persistir la situación.
Fuentes de la Conselleria de Bienestar Social manifestaron ayer a este diario que ya se le ha transferido a la de Hacienda una orden de pago urgente de 91.000 euros. De acuerdo con la información facilitada, la resolución se ha formalizado dentro de plazo, y se espera que los trámites para hacer efectiva la citada cantidad se lleven a cabo con celeridad.
Desde la misma Conselleria también se ha indicado que la residencia tiene carácter municipal, si bien está subvencionada por la Generalitat.
Estas aseveraciones confirman la versión del alcalde, Félix Frau, en el sentido de que el Ayuntamiento no había podido ingresar el dinero a la empresa encargada de la residencia debido a que todavía no lo ha recibido de la Conselleria.
Cabe recordar, asimismo, que la posibilidad de que el geriátrico acabara cerrando había levantado un amplio revuelo en Tollos, donde los vecinos defienden la continuidad de este servicio, sobre la base principal de que ha servido para darle vida al municipio.
El cierre, además, volvería a convertir a la localidad en la menos poblada de la provincia, dado que el censo, fijado en 57 personas, se reduciría en 20 al marcharse las personas que están ingresadas en la actualidad en el centro geriátrico.

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