Una investigación dirigida por el juzgado de Instrucción número 2 de Ibi ha puesto al descubierto presuntas corruptelas cometidas supuestamente por cuatro guardias civiles del cuartel de Ibi que han sido imputados e interrogados por diferentes hechos delictivos, entre ellos la falsificación de diligencias y la apropiación indebida de dinero, droga y efectos intervenidos a detenidos o a personas denunciadas por consumo de estupefacientes en lugares públicos. En un auto notificado la semana pasada a las partes por el juez instructor se acuerda que las diligencias previas abiertas el pasado año se transformen en procedimiento abreviado al considerar que hay indicios de "la posible existencia de diversas infracciones penales". En la misma resolución el juez señala que se dé traslado de las diligencias al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Los imputados son dos sargentos, un cabo y un guardia y los delitos y faltas investigados son los de falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delitos y apropiación indebida.

El auto judicial hace referencia a seis hechos investigados durante las diligencias abiertas en 2010 a raíz de una denuncia y de los cuatro imputados hay una mujer que es sargento y aparece acusada de omisión del deber de perseguir delitos porque, según el juez, conoció irregularidades imputadas a los otros tres agentes y no denunció los hechos.

La primera infracción investigada se produjo a raíz de la detención de dos ciudadanos extranjeros el 18 de marzo de 2010. Entre sus efectos personales se les intervinieron 325 euros en efectivo y así lo hizo constar la Policía Local en sus diligencias e inicialmente también aparecían en el atestado de la Guardia Civil. Sin embargo, el juez señala en su auto que el entonces comandante de puesto interino de la Guardia Civil de Ibi -uno de los sargentos imputados- descalificó las diligencias de la Policía Local, las rompió y remitió al juzgado un atestado que no incluía las actuaciones elaboradas por dicho cuerpo. Además, el jefe accidental del Área de Investigación del mismo cuartel pidió a los agentes que tenían que confeccionar el atestado "que no reflejasen el dinero intervenido ya que éste podría venirle bien al Puesto", según indica la resolución judicial. Ante el asombro mostrado por una agente el comandante de puesto le dijo que hiciese lo que considerase oportuno. Por ello, añade el juez en su auto, en las actuaciones originales se hizo constar la existencia del dinero pero al juzgado se mandaron otras "manipuladas" que silenciaban la existencia de los 325 euros y que fueron validadas por el otro agente imputado.

En otra ocasión, el cabo imputado cogió en mayo de 2010 la caja que contenía las denuncias administrativas por consumo de estupefacientes y tras devolverla se fue a los lavabos del cuartel con una de las actas que luego fue encontrada por un guardia sin la droga intervenida. Dicho agente dio parte a sus superiores y el cabo imputado supuestamente puso otra bolsa distinta que no contenía sustancia estupafeciente, según el auto judicial.

Al entonces comandante de puesto interino le imputan también la apropiación indebida de una Playstation 3 relacionada con unas diligencias que se llevó a su casa a principios de 2010 y devolvió poco después al comprobar que era un hecho conocido por los agentes. Otro caso se produjo con un detenido por varios robos. En su vehículo se encontró una importante cantidad de dinero y aunque dos guardias contaron 2.000 euros el cabo imputado reflejó en el atestado que eran 1.650 euros.

Donde el juez no ve indicios de delito de detención ilegal por parte del cabo es en el arresto de una mujer por un delito de usurpación de estado civil.

Una denuncia a un pub destruida por amistad

Otro de los hechos imputados al sargento que estaba de comandante de puesto interino se produjo con la denuncia administrativa que pusieron dos guardias civiles al responsable del "Pub Septiembre" de Ibi por "permisividad en el consumo de drogas". Según el juez instructor, el comandante de puesto llamó a los agentes para pedirles si podían retirar la denuncia porque "el padre del denunciado era conocido". Los dos guardias civiles se negaron y el sargento imputado supuestamente "destruyó u ocultó las actas de infracción referidas impidiendo que las mismas siguieran el cauce administrativo habitual". Dichas actas sí se registraron con número de salida, pero los agentes que pusieron las denuncias pudieron comprobar en la carpeta de expediente que se daba "un salto del 636 al 639, faltando justo los relativos" al mencionado pub. Por esta presunta irregularidad el juez entiende que se trata de un delito de infidelidad en la custodia de documento supuestamente cometido por el sargento imputado. P. C.