Más de la mitad de los guardias de Ibi pidieron el traslado tras la denuncia por corrupción

El excomandante de puesto fue grabado por las cámaras de seguridad saliendo del cuartel con una Playstation incautada

 12:35  
El portavoz de la AUGC muestra la denuncia.
El portavoz de la AUGC muestra la denuncia.  PILAR CORTÉS

P. CERRADA Una denuncia presentada en mayo de 2010 en los juzgados alertando de las presuntas corruptelas cometidas por mandos del cuartel de Ibi provocó una avalancha de peticiones de traslado y más de la mitad de la plantilla presta servicio en otro destino. Así lo aseguró ayer el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Manuel Martínez, durante la rueda de prensa ofrecida para explicar la denuncia que presentaron tras recibir un anónimo y los detalles de la instrucción judicial que ha concluido con la imputación de cuatro guardias civiles acusados de falsificar atestados y apropiarse de dinero de detenidos y droga confiscada. Los cuatro siguen en sus puestos, aunque los dos sargentos están ahora de baja.
La AUGC está personada en la causa y ejercerá la acusación contra tres de los cuatro imputados, ya que entiende que la sargento acusada de un delito de omisión del deber de perseguir delitos es "inocente" y pedirán su absolución al considerar que está al margen de los casos de corrupción investigados. Más de una decena de guardias han declarado como testigos en el juzgado y la mayoría han respaldado el contenido de la denuncia, según Martínez, quien indicó que es "la primera vez que la AUGC denuncia actuaciones irregulares de miembros de la Guardia Civil".
Además de la denuncia en los juzgados de Ibi la AUGC también remitió un escrito al coronel jefe de la Comandancia de Alicante, Antonio Bernabé Castro, en el que además de relatar las presuntas irregularidades le comunicaban la existencia de una grabación realizada por las cámaras de seguridad del cuartel de Ibi, en las que el sargento que entonces era comandante de puesto interino aparecía saliendo de las dependencias con una Playstation intervenida en una operación. Dicho aparato, según el juzgado que ha imputado a los guardias, fue devuelto tras conocer el acusado que lo sabían muchos agentes del cuartel.
El coronel jefe ordenó una investigación que inicialmente fue asumida por la Policía Judicial de Villena y posteriormente de la Comandancia de Alicante. El portavoz de la AUGC felicitó al coronel y a los investigadores por la profesionalidad demostrada al realizar un trabajo muy profundo.

Obstrucción al proceso
Frente a estos elogios, la AUGC dirigió las críticas hacia el capitán de la Compañía de Ibi por no ser neutral y a una oficial de Asuntos Internos por obstruir el proceso y "hacer más caso de lo que decían los denunciados que los denunciantes", afirmó Martínez. El portavoz de la AUGC señaló que en otras circunstancias los agentes han sido separados del servicio de forma cautelar pero en este caso han seguido en sus puestos de trabajo y "se han dedicado a destruir pruebas o a intentarlo", como ocurrió con el atestado de los 325 euros que intervino la Policía Local de Ibi a dos detenidos y desaparecieron a instancias de uno de los mandos imputados. En este hecho ingresaron luego el dinero en el banco y la cantidad era inferior a los 325 euros de los detenidos, indicó Martínez. Sobre la droga desaparecida, el portavoz de la AUGC señaló que se cambió "cocaína por yeso".
La respuesta de algunos imputados por la investigación de la presunta corrupción ha sido la de presentar denuncias por coacciones y amenazas contra los agentes de la Policía Judicial que han realizado las pesquisas, "como suelen hacer muchos detenidos tras ser arrestados". Las denuncias internas han alcanzado incluso hasta el coronel jefe de la Guardia Civil y el secretario provincial de la AUGC por no denunciar en el juzgado la grabación del sargento llevándose una Playstation. Asimismo, "abrieron expediente disciplinarios a agentes de Ibi como venganza", afirmó Martínez.
El abogado de la AUGC, Luis Santamaría, explicó que por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y falsedad pueden pedir hasta penas de 4 y 6 años de cárcel, respectivamente, y seis años de inhabilitación, mientras que la falta de apropiación indebida lleva aparejada inhabilitación de seis meses a dos años.

Botella dice que es un hecho "puntual"
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, afirmó ayer que la imputación de cuatro guardias civiles del cuartel de Ibi es un hecho "puntual" que no debe "nunca empañar el comportamiento general de un colectivo que es muy numeroso". Botella dijo que habrá "total colaboración" con la investigación para aclarar cualquier tipo de comportamiento que se haya podido salir del marco de la legalidad. "Se va a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación y en la aplicación de la ley", concluyó la delegada. EFE

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