La empresa Servei d'Ajuda Domiciliària (SADA), encargada de gestionar la residencia geriátrica de Tollos, ha amenazado con cerrar el centro si el Ayuntamiento no le abona las facturas pendientes. Responsables de la firma han asegurado que la deuda asciende a 100.000 euros y que la situación se ha vuelto insostenible, sobre todo para los 20 trabajadores que están pendientes de cobrar la nómina.

La empresa denuncia que el Ayuntamiento, que es el mediador y gestor de los pagos entre la Conselleria de Bienestar Social y la residencia, ingresó en diciembre por última vez el presupuesto previsto hasta marzo, con lo que se acumularían impagos desde el tercer mes de 2011. El centro se encuentra en estos momentos al máximo de su capacidad, con 20 personas atendidas y más de 20 trabajadores pendientes de nómina. De no encontrar una solución, se asegura desde SADA, "se vería obligado a cesar su actividad".

Los responsables de la residencia exigen una respuesta desde el Consistorio que justifique esta situación. En este sentido, y conocedores de la dificultad económica por la que atraviesan los ayuntamientos, han instado al gobierno local a que les certifique las últimas facturas generadas para ingresar parte de su importe por el banco y así poder pagar a los trabajadores y los servicios mínimos que necesita el centro.

"Se está jugando con la vida de 20 residentes, causando el desasosiego de sus familias. También se juega con el trabajo de sus empleados, arrastrando a su vez a todo el personal ajeno a la empresa al que se está dando trabajo", afirma Carmen Anduix, la máxima responsable de SADA. El ejecutivo de Tollos, insisten, es el mediador y festor de los pagos entre la Conselleria y el centro, "y el órgano autonómico afirma que todas las cuentas están al día".

La empresa anuncia una protesta para el lunes 26 de septiembre, cuando se concentrarán trabajadores, residentes y familiares en las puertas del Ayuntamiento. Ayer, por último, no fue posible contactar con el alcalde para que diera su versión de los hechos.

El alcalde, Félix Frau, señaló que el Ayuntamiento se limita a hacer de intermediario, y que es la Conselleria la que no ha ingresado el dinero. "Somos un pueblo de apenas 40 habitantes y no podemos hacer frente a estas sumas. Desde la Conselleria dicen que hay previsión de fondos, pero no fecha para pagar", lamentó.