El actual equipo de gobierno de Castalla ha apartado de su cargo al policial local condenado a dos años de inhabilitación por cohecho. Una acción que lleva a la práctica la sentencia ratificada por el TSJ en diciembre, después de que el agente local recurriera varias veces a la justicia sin éxito.
El Ayuntamiento de Castalla ha decidido materializar la sentencia que contempló dos años de inhabilitación a un agente por corrupción. Aunque que el condenado recurrió a varias instancias, empezando por la Audiencia Provincial de Alicante, el agente será apartado de su cargo por el período que así se dictaminó.
Como anunció este diario, en julio del año pasado la Audiencia Provincial condenó a un policía local de Castalla por cobrar dinero al propietario de un bar del municipio a cambio de un trato de favor. Según se informó, el agente había amenazado al dueño del establecimiento con que cerraría el local si no accedía a sus pretensiones.
La sentencia también condenó al propietario del bar a una multa de 500 euros. Por su parte, el agente recurrió este fallo, entre otras razones, por considerar que se habían quebrantado las normas y garantías procesales originadoras de indefensión al haber admitido el magistrado el examen de sus cuentas bancarias. El TSJ rechazó el recurso al tratarse de una "prueba admitida, relevante y conocida por la defensa".
A pesar de esta situación, el policía local siguió ejerciendo, lo que provocó la sorpresa de algunos vecinos. El gobierno municipal de entonces indicó que estaba a la espera de la notificación de la sentencia para actuar.
La actual alcaldesa de Castalla, Maite Gimeno, ha denunciado a este diario que se había resuelto la ejecución definitiva de la condena. El concejal de UCiD, Juan Antonio Rico Mira, ha denunciado que desde que se hizo pública la resolución "el Ayuntamiento de entonces lo sabía" y no hizo nada para ejecutarla. Rico ha añadido que "se trata de un desprestigio muy grande para la policía de un pueblo tan pequeño".
