El Ayuntamiento de Ibi ha acordado suspender la licencia de obras otorgada el año pasado a la empresa Grupo Generala, promotora de l'Alamí, para la colocación de una torre eléctrica, después de que un juzgado haya abierto una investigación y el consistorio haya recibido requerimientos de la Dirección General de Energía y el Síndic de Greuges.
Un propietario de l'Alamí, José Gimeno, logró paralizar el pasado 11 de febrero la colocación de una torre de alta tensión junto a su casa. Aparte, presentó dos demandas judiciales y varios requerimientos, que de momento han dado sus frutos: el Ayuntamiento ha dado marcha atrás y ha anulado la licencia de obras que aprobó el año pasado.
El gobierno del PP aceptó una petición del Grupo Generala, como es habitual, para colocar la torre eléctrica. Gimeno defendió desde el primer momento que el punto elegido es "ilegal" y recurrió contra la medida. Ahora, el tiempo ha empezado a darle la razón. El pasado 22 de abril el Juzgado número 1 de Ibi formalizaba la apertura de diligencias previas por estos hechos y reclamaba el Ayuntamiento el envío de toda la documentación relativa a este proyecto.
El 19 de mayo, el consistorio recibía un escrito de la Dirección General de Energía, que provocaba un informe técnico subsiguiente en el que se recomendaba anular el acuerdo del año anterior, una medida que formalizó la Junta de Gobierno el pasado día 30. En la misma resolución, se planteó una ubicación alternativa, a propuesta del Grupo Generala, que también ha sido aceptada y que "supone construirla en la acera de enfrente", una solución que en principio tampoco es conforme para el referido vecino, que sigue entendiendo que incumple la legalidad vigente.
Gimeno, además, ha informado que en el mismo juzgado hay abierta una investigación por supuesta "prevaricación" contra cinco personas, entre las que se encuentran la alcaldesa Mayte Parra y el anterior primer teniente de alcalde Miguel Ángel Agüera.
Por último, subraya que la última modificación del proyecto de l'Alamí se ha efectuado "sin la más mínima información pública" ni notificación alguna a los ciudadanos, ni, especialmente, a los propietarios de la zona, que son los más implicados.
El proceso de urbanización de l'Alamí se remonta a noviembre de 2004, cuando el Ayuntamiento designó agente urbanizador al Grupo Generala, en una decisión que suscitó honda controversia en el seno del gobierno local y acabó suscitando una grave crisis y la ruptura con ADIi. Posteriormente, la polémica con los propietarios de terrenos ha sido permanente y, de hecho, la urbanización de los terrenos está prácticamente terminada pero no se ha construido ni una de las más de 1.000 viviendas previstas.
