La pólvora y el Alardo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy mantienen una complicada relación con el Gobierno central, que ha sido causa de innumerables conflictos, incluso judiciales, y que, curiosamente, tienen su origen en la Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII. Y todo esto se enmarca en un contexto tranquilo y de seguridad, pues históricamente apenas se han producido accidentes graves, a pesar de las grandes cantidades de pólvora que se manejan año tras año.

Ahora, el Alardo vuelve a estar en el aire, a tener un futuro sin un camino despejado. La edición de 2011 es la que menos pólvora ha registrado en los tiempos modernos, 2.450 kilos, un 33% menos que el año pasado y justo la mitad de la que se empleaba en 1984. Esto quiere decir que menos festeros han participado y que, en consecuencia, el Alardo -"Un acto que nos caracteriza", como suele decir el presidente de la Asociación de San Jorge, Javier Morales- ha sido menos estruendoso.

¿Las causas? La nueva normativa, que intensifica las medidas de protección y que, además, hace que los festeros tengan que llevar sus trabucos a un taller autorizado, que a su vez los remite a un centro homologado en Eibar. que tiene que emitir la certificación correspondiente, lo cual -como dicen muchos festeros- supone más papeleo y un gasto añadido. Cuatrocientos arcabuces han sido revisados convenientemente durante el último año.

Aparte, se están intensificando los controles, empezando por el reparto del kilo por festero, que ya no se hace en la Piscina Municipal -Intervención de Armas de la Guardia Civil ha descartado el marco por el colegio que hay justo enfrente-, continuando por la prohibición de fumar en el itinerario y acabando por el riego de las calles y plazas del itinerario, antes, durante y después del disparo.

¿Y todo esto por qué? Porque a la Autoridad -en mayúsculas- le preocupa que haya miles de kilos de pólvora repartidos por una ciudad y no lo acaba de ver claro.

Alcoy empezó conmemorando la gesta frente al caudillo Al-Azraq en 1276 -en realidad, siglos atrás se creía que había sido en 1275- con actos religiosos a San Jorge; más tarde llegaron los desfiles de Moros y Cristianos, aunque en realidad los bandos se llamaban "Católicos Cristianos y Católicos moros", y por último se implantó un simulacro de batalla, incluso con pólvora.

La Guerra de Sucesión interrumpió los festeros, que pudieron reanudarse tras su conclusión en 1707, pero el Gobierno central prohibió "los simulacros de Alardo y Batalla". El historiador Julio Berenguer relató que las crónicas de la época reflejaban el "dolor" que les provocaba a los alcoyanos no poder disfrutar de su Alardo, que ya por entonces resultaba espectacular. Así las cosas, en 1741 la ciudad presentó un recurso por la vía judicial ante el Real y Supremo Consejo de Castilla, que era lo que hoy es el Tribuna Supremo, para que le dejaran reponer el acto, lo que se consiguió.

En 1983, el Gobierno central elaboró una nueva Ley de Armas que prohibía los disparos en el interior de las poblaciones, algo que requirió unas intensísimas negociaciones del entonces alcalde José Sanus con la cúpula del Ministerio del Interior (es decir, José Barrionuevo, Rafael Vera y Sáenz de Santamaría) hasta lograr que se introdujera una disposición que permitiera la celebración de actos festivos. La normativa que la desarrolla es la vigente en la actualidad, con obligación de conseguir cada año un permiso específico de la Subdelegación del Gobierno, y la limitación a un kilo de pólvora por festero.