La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha valorado en 853.246 euros los daños causados por Luxender, promotora de la urbanización de Serelles, en el cauce público del Barranc del Cint, por lo que le insta a subsanarlos. El organismo de cuenca califica de "muy graves" las obras realizadas sin permiso, y amenaza a la empresa con una sanción que podría oscilar entre 300.506 y 601.012 euros. El expediente sancionador fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado para que la promotora pueda plantear alegaciones antes de que el Consejo de Ministros adopte una resolución al respecto.

Los problemas se le acumulan al que era uno de los proyectos urbanísticos estrella del gobierno municipal del PP. La urbanización de Serelles contemplaba inicialmente la construcción de 1.500 chalés en la misma falda de la Sierra de Mariola, si bien la Conselleria de Medio Ambiente recortó esta previsión a 500 casas, al estar programadas en el área de influencia del parque natural.

Luxender inició la ejecución del proyecto, pero la crisis del ladrillo irrumpió en este proceso limitando las ventas y propiciando que la promotora declarase un concurso de acreedores hace dos años y medio. Según las conclusiones a las que llegaron los administradores de la citada suspensión de pagos, la deuda de la empresa alcanza los 42 millones de euros, siendo el déficit patrimonial de 845.350 euros. Con todo, hasta 46 acreedores han presentado una impugnación a estas conclusiones, al entender que la deuda que mantiene Luxender con ellos es superior a la que se ha puesto de manifiesto en el concurso.

Esta situación ha llevado a que las obras de la urbanización estén paralizadas, y que las 47 únicas casas que disponen de licencia de ocupación estén deteriorándose antes de que los vecinos hayan empezado a vivir en ellas.

Por si todo ello fuera poco, la Confederación Hidrográfica del Júcar publicaba ayer en el BOE el expediente sancionador que le ha abierto a Luxender, por unas obras llevadas a cabo en el contexto de este proyecto sobre el cauce público del Barranc del Cint y sus afluentes, sin autorización administrativa. Se trata, en concreto, de trabajos de entubado, alteración del trazado y conexión de diversos barrancos.

Los daños, según se hace constar en el expediente, están valorados en 853.246 euros, y el organismo de cuenca reclama la "reposición del dominio público hidráulico a su estado anterior". La CHJ califica la infracción al texto refundido de la Ley de Aguas de "muy grave" y advierte de posibles sanciones que podrían oscilar entre los 300.506 y los 601.012 euros.

El expediente ha sido publicado ante la imposibilidad de notificar el pliego de cargos, y para que la empresa pueda formular en este sentido las alegaciones y pruebas que estime pertinentes. En el mismo anuncio se hace constar que el órgano competente para imponer la sanción es el Consejo de Ministros.