La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado un recurso interpuesto por la urbanizadora de l'Alamí, la empresa Grupo Generala, contra el Ayuntamiento de Ibi, al considerar que tenía que cobrar alrededor de 3 millones de euros más por la instalación de las infraestructuras de luz y depuración de aguas.
El Ayuntamiento de Ibi, en una decisión exclusiva del gobierno del PP, adjudicó en noviembre de 2006 al Grupo Generala el mayor proyecto urbanístico de la historia de Ibi: la adecuación y construcción de hasta 1.500 viviendas en la zona de l'Alamí, un área de 350.000 metros cuadrados situada a la entrada desde Onil.
Las obras siguen desarrollándose y casi cinco años después, la urbanización está muy avanzada, pero no se ha construido ni una vivienda, a consecuencia del parón urbanístico. En este contexto, el Grupo Generala demandó al Ayuntamiento en 2007 al considerar que la adjudicación del macroproyecto no había contemplado económicamente los gastos de las infraestructuras de electricidad y de saneamiento de aguas, impuestas en el primer caso por Iberdrola y en el segundo por la Entidad de Saneamiento.
La pretensión de la Generala habría obligado, según ha sabido este diario de fuentes cercanas, a desembolsar alrededor de 3 millones de euros, una cantidad que tendría que haber sido costeada por el consistorio y los propietarios de suelo de la zona.
La demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, que entendió que la petición no procedía, y, recientemente, en una sentencia a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, ha sido refrendada en todos sus extremos por el TSJ, con la salvedad de que se ha retirado el pago de las costas a la empresa.
En sus consideraciones, el tribunal señala que "el urbanizador no puede consentir la aprobación del programa de actuación integrada y pretender después alterar los compromisos asumidos al aceptar la adjudicación de dicho programa en sus propios términos y repercutir sobre los propietarios del sector, por la vía de la modificación del proyecto de urbanización, las cargas que expresamente quedaron excluidas de la retasación por el acuerdo firme aprobatorio del programa al introducir modificaciones en la alternativa técnica".
Esta resolución, contra la que no cabe recurso alguno, provoca que ni el Ayuntamiento ni los propietarios de suelo tengan que pagar por este concepto, una cantidad que habría podido ascender a 3 millones de euros, según las informaciones consultadas.
Hay que significar, además, que los propietarios de terrenos han formulado más de 30 peticiones al Ayuntamiento de Ibi para que aplique las condiciones del contrato y sancione a la empresa Grupo Generala por el retraso en la ejecución de las obras, sin que se haya contestado tal pretensión ni se haya aplicado, según ha podido saber este diario. La empresa se comprometió a que las obras se ejecutarían en un año, pero están a punto de cumplirse cinco años y todavía no están acabadas; el contrato establecía hasta 3.000 euros diarios.
La zona de l'Alamí, además, ha sido escenario de un reciente conflicto al negarse un propietario a que se colocara una torre de media tensión a las puertas de su casa, y recurrir al juzgado de guardia.
Una actuación que ha generado un conflicto permanente
El proyecto de l'Alamí ha sido motivo de controversia desde su concepción y, prácticamente, provocó en su día la ruptura del gobierno de coalición entre el PP y ADIi. También han sido múltiples las demandas judiciales suscitadas, en buena parte por los propietarios de terrenos, habiendo recibido sentencias de diverso signo. Últimamente, los grupos de la oposición, como por ejemplo el portavoz de l'Entesa José Vicente Verdú, vienen denunciando que la zona aún no está acabada y las aceras han empezado a deteriorarse. También critican el "fracaso" del modelo que ha supuesto el proyecto, al no haberse construido ni una vivienda, y la falta de las actuaciones complementarias, como el polideportivo, M. C.
