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Sanus pagó a Calatrava 540.000 euros por un puente que nunca se construyó

El exalcalde socialista le encargó el proyecto en 1995 y desistió en 2000 al no financiarlo el Consell

 09:50  
José Sanus con Santiago Calatrava en la zona del Viaducto en que iba a construirse el puente.
José Sanus con Santiago Calatrava en la zona del Viaducto en que iba a construirse el puente.  JUANI RUZ

juanjo garcía gómez valencia Las condiciones impuestas al Consell por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava -que han conllevado el pago de 2,7 millones por el proyecto de un Centro de Convenciones de Castellón que no se ha ejecutado- tienen precedentes. Y en una Administración socialista. El Ayuntamiento de Alcoy le abonó en 1995, con el entonces alcalde del PSPV José Sanus al frente, 90 millones de las antiguas pesetas (540.911 euros) por la maqueta y anteproyecto de un puente que debía unir el Viaducto y la Zona Norte y que nunca llegó a realizarse, según denunció ayer el portavoz de EU, Paco Agulló. A principios de 2000, Sanus desistió con el argumento de que el entonces presidente de la Generalitat, eEduardo Zaplana, le negaba la financiación que, según dijo, le había prometido. En julio, accedió a la alcaldía el popular Miguel Peralta, quien no quiso retomarlo.
Hoy, con fondos del Plan Confianza, se está levantando un puente con un diseño que nada tiene que ver con el de Calatrava y que, también es verdad, no resultará nada emblemático para la ciudad.
Agulló recriminó a los socialistas que firmaran en 1995 un contrato con el arquitecto "que favorecía los intereses de Calatrava", aunque también censuró la actitud de los populares. "Después de que Sanus les regalara la alcaldía, el PP no hizo una defensa jurídica en todos los extremos posibles para defender los intereses de Alcoi", aseveró.
Y es que, tras desistir el ayuntamiento socialista, Calatrava no se conformó y el 3 de febrero de 2000 presentó una reclamación para cobrar parte de los honorarios que tenía pactados en el contrato. En concreto, los referidos a la redacción del proyecto y dirección de las obras. El técnico pedía 48 millones de pesetas (288.485 euros), más los intereses. No le contestaron y entonces recurrió al TSJ, que en julio de 2003 le reconocío 85.547 euros en concepto de indemnización y 4.792, de intereses. En total, 90.340 euros. Calatrava percibió así 631.251 euros por el puento que no se construyó. El 20 de diciembre de 2004, el consistió desembolsó el dinero.
El acta del pleno del 16 de marzo de 1995, cuando se aprobó la contratación, muestra cómo ya entonces las condiciones del arquitecto eran similares, aunque más livianas, a las que ha impuesto en las obras de la Generalitat. Así, los honorarios, un porcentaje en función de un presupuesto "estimativo" de las obras de 18 millones de euros, se liquidarían "provisionalmente" en función del presupuesto de ejecución material "y definitivamente sobre el costo real y total de la obra". Esto es, como en el centro de Castellón, si había sobrecostes, ganaría más. Calatrava debía percibir el 7,5% del coste del puente por el anteproyecto con maqueta y proyecto y el 3,5%, por la dirección de obras, más 66.000 euros por la maqueta y planos. En total, 1,8 millones, al margen de sobrecostes. En Castellón, Calatrava debía ingresar el 12,5% del coste real del megaproyecto, en principio, 7,5 millones, de los que le abonaron 2,7 en diferentes fase.
Fases de cobro parcial se daban exactamente igual en Alcoy: A la firma del contrato, el ayuntamiento debía abonarle el 10% de los honorarios de redacción del proyecto (135.000 euros, cuyo pago se aprobó en abril de 1995) y el 30% (factura de 405.000 euros ratificada en septiembre de 1995) a la entrega del anteproyecto.
Asimismo, la contratación fue a dedo, acogiéndose a una de las excepciones de la normativa "por cincunstancias técnicas y excepcionales que se conjugan en la personalidad" de Calatrava. Con todo, hay diferencias respecto al Consell: Las condiciones se conocieron en el pleno y de hecho el contrato se aprobó con la abstención del PP. El ayuntamiento le pidió una garantía (de la que le eximió el Consell), de 54.091 euros, que le devolvió en febrero de 2000.

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