El gobierno del PP de Alcoy admitió ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que obliga a demoler gran parte de la superficie de la Rosaleda, deberá cumplirse, a la vez que -en una declaración informal- lamentó que un pronunciamiento tan contundente "no se hubiera producido antes". Mientras los tres grupos de la oposición exigieron ayer responsabilidades, el gobierno del PP desarrollaba ya en el día de ayer un intenso programa de contactos con los abogados del Ayuntamiento, de cara a elaborar el recurso que se presentará el próximo lunes.
El TSJ, como se informó en la edición de ayer, ha rechazado el proyecto elaborado por el Ayuntamiento para acondicionar la Rosaleda cumpliendo la sentencia que declaraba ilegal la obra de construcción del parking subterráneo, al incumplir la normativa local en materia de zonas verdes. De forma clara, el tribunal ordena la "demolición" de la planta superior del parking y la retirada de los accesos.
Fuentes del gobierno del PP admitieron ayer que "es la primera vez que el tribunal habla tan claro", y que este auto obligará a demoler el forjado de la planta superior. Las mismas fuentes subrayaron que "se trata de un tema muy complejo y hay que revisar todos los proyectos, para ver qué se hace". El Ayuntamiento tiene previsto remitir el recurso el próximo lunes, con un análisis sobre los demás proyectos elaborados, especialmente en aquellos casos que pueden cumplir las indicaciones del tribunal.
Por su parte, el portavoz del PSOE Antonio Francés dijo ayer que el PP aseguró en su día que "según los técnicos, el proyecto que se remitió al TSJ presentaba garantías jurídicas de que cumplía el fallo judicial, algo que se ha rechazado, lo que nos ha costado 65.320 euros". Francés hizo hincapié en que "cinco años después de que el aparcamiento fuese declarado ilegal, el Ayuntamiento ha sido incapaz de cumplir la sentencia y ha puesto todas las trabas jurídicas posibles".
Rafa Carbonell, del Bloc,insistió en que el gobierno de Jorge Sedano "se está resistiendo a cumplir la ley con estrategias dilatorias", y apunta que el alcalde debería "asumir responsabilidades y dimitir". De hecho, entiende que "deberían exigirse responsabilidades civiles y penales" por lo ocurrido con la Rosaleda.
Por último, Paco Agulló, de l'Entesa, manifestó que el proyecto tenía un coste de ejecución de 747.000 euros, pero que los demás se elevan de 1,7 millones a 3,3, opciones "que complicarían de forma considerable la situación financiera del Ayuntamiento". Agulló coincide en que "los impulsores deberían hacer frente a las responsabilidades políticas y económicas del desastre".
