La denuncia contra el concejal del PP de Ibi, José Antonio Onsurbe, por presunto cohecho ha sido una gota más para colmar el vaso, en una legislatura marcada por los conflictos políticos en la comarca de la Foia de Castalla. Los dos últimos años en la villa juguetera están siendo movidos, después de la expulsión de Felicidad Peñalver en octubre de 2008, la dimisión de Ana Sarabia en marzo de 2009 y la retirada de parte de las competencias al regidor Rafael Pastor, en mayo de 2010. Pero también, en Castalla, se ha evidenciado la división del PP, después de que hace más de un año, la dirección del partido, afín al sector ripollista, denunciara al alcalde, de la rama campista, al acusarle de promover muchas afiliaciones para conseguir la presidencia del PP local. La demanda fue archivada por el juzgado. Ahora, ambos sectores quieren presentar un candidato de cara a los próximos comicios municipales.
El pasado 18 de noviembre, el empresario Fernando García denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al edil de Hacienda y Promoción Económica de Ibi, José Antonio Onsurbe por cobrarle presuntas comisiones a cambio de contratas municipales. Este empresario ha realizado diversos trabajos de diseño gráfico e impresión de folletos y carteles publicitarios para actividades que desarrolla la concejalía de Onsurbe. Ahora, la Fiscalía de Alicante ha pedido a los juzgados de Ibi la apertura de diligencias contra José Antonio Onsurbe, por un presunto delito de cohecho. Además, el ministerio público pide que se declare el secreto de sumario, al menos hasta que se resuelva la apertura de la investigación contra el regidor popular.
También hay que recordar que a principios de esta semana, la primer edil ibense, Mayte Parra, destituyó a Onsurbe de todas sus funciones pero éste no ha dejado el acta de concejal. Asimismo, el comité de derechos y garantías del PPCV ha suspendido cautelarmente de militancia a Onsurbe.
Cuatro ediles sin competencias
Este ha sido el último caso que se ha registrado dentro del gobierno del PP ibense. Sin embargo, los conflictos se iniciaron en octubre de 2008 cuando la entonces edil de Hacienda, Felicidad Peñalver, fue expulsada del equipo de gobierno cuando comenzó a denunciar públicamente irregularidades contables en la gestión del Ayuntamiento. A Peñalver, también, la echaron del PP pero sigue en la corporación y además en los plenos vota igual que sus ex compañeros. En marzo de 2009, la concejal de Deportes, Ana Sarabia dimitía por irregularidades en la gestión del polideportivo. Ahora está imputada por la vía judicial tras haberse denunciado que no cuadraban las cuentas con respecto al Ayuntamiento. Y el último caso en el que un edil perdía sus competencias se produjo en mayo de este año, cuando la alcaldesa ibense retiraba parte de las delegaciones a Rafael Pastor. Este concejal, que es primo de Mayte Parra, decidió después renunciar a todas las demás, pero sigue en el partido.
Estos son los movimientos que se han sucedido durante los dos últimos años en el seno del gobierno ibense, pero en Castalla tampoco han estado exentos de la polémica, sobre todo, después de que en verano de 2009, la dirección del PP, afín al sector ripollista, decidió presentar una denuncia contra su alcalde José Luis Prats, del sector campista, al acusarle de haber promovido muchas afiliaciones, mayoritariamente de residentes en Castalla Internacional, para obtener la presidencia local del partido. La demanda fue archivada por el juzgado. Ahora, los dos sectores quieren presentar un candidato para las próximas elecciones municipales.
En cuanto al resto de poblaciones de la Foia, Onil (donde gobierna el PP) y Tibi (donde lo hace el PSOE), esta legislatura -que encara sus últimos meses- está siendo apacible, no han tenido escándalos políticos.
