La Fiscalía de Alicante ha solicitado a los juzgados de Ibi la apertura de diligencias contra José Antonio Onsurbe, concejal del PP de este municipio, por un presunto delito de cohecho. El ministerio público, además, pide que se declare el secreto del sumario, al menos hasta que se resuelva la apertura de la investigación contra el edil, acusado por un empresario de cobrar comisiones a cambio de contratas municipales.

Tal y como ha venido informado este diario, un empresario de Ibi dedicado al diseño e impresión de cartelería y publicidad, presentó el pasado 18 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía de Alicante contra el hasta la fecha concejal de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Ibi, José Antonio Onsurbe, por cobrarle presuntamente comisiones a cambio de contratas municipales.

El empresario, que hasta hace poco pertenecía a la ejecutiva local del PP, adjuntó a la denuncia una serie de grabaciones que recogen conversaciones entre ambos, y en las que aparte de hacerse referencia a las comisiones, Onsurbe habla de otras presuntas irregularidades que implicarían a la alcaldesa Mayte Parra y al primer teniente de alcalde Miguel Ángel Agüera.

Tras el estudio de la denuncia, la Fiscalía ha apreciado la comisión de un posible delito de cohecho por parte de José Antonio Onsurbe, motivo por el que ha remitido el asunto a los juzgados para que abran diligencias al respecto. Junto a la denuncia se han remitido también las grabaciones que la acompañaban.

El ministerio público, asimismo, ha solicitado a los juzgados que declaren el secreto de sumario, al menos hasta que resuelvan sobre la petición del inicio de las investigaciones.

Cese

Cabe recordar que la alcaldesa cesó el pasado lunes de forma fuliminante a Onsurbe de todas sus funciones tras conocer el contenido de la denuncia, y que el comité de derechos y garantías del PP también lo suspendió cautelarmente de militancia.

Asimismo, tanto Parra como Agüera han negado de forma rotunda las presuntas irregularidades que aparecen en el texto de la querella y también en las grabaciones.

El PP esgrime un informe del interventor para avalar la legalidad del Teatro Río

El grupo municipal popular hizo público ayer un informe del interventor del Ayuntamiento sobre las subvenciones del Teatro Río, para avalar que "tanto la recepción de las ayudas como los pagos a contratistas están fiscalizados y se realizan correctamente tal y como la ley exige".

Esta iniciativa tiene su origen en las presuntas acusaciones de Onsurbe recogidas en la denuncia, según las cuáles se habría "mojado" en este proyecto. El informe señala que la totalidad del gasto previsto asciende a 6.675.989 euros, de los que en 2011 y posteriores, según acuerdo de plurianualidad, se han de ejecutar 825.000 euros. Según el informe, a día de hoy se han certificado obras y pagado por importe de 5.425.450 euros, restando por ejecutar y tramitar un total de 1.250.538 euros. Los ingresos totales para la obra ascienden a 6.320.142 euros, de los que en 2011 y posteriores han de recibirse 1.052.121 euros, habiendo recibos a día de hoy de 5.268.130 euros. El PP recuerda, además, que la Sindicatura de Cuentas ha analiizado las cuentas municipales "sin encontrar irregularidad alguna".