La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a través de un informe remitido a la Conselleria de Medio Ambiente, entiende que el Ayuntamiento de Alcoy "debería reconsiderar la conveniencia de implantar los sectores de suelo urbanizable 4, 5 y 6", lo que implicaría la desaparición del PGOU del proyecto de parque tecnológico/polígono de La Canal e incluso de la ampliación de la urbanización de El Estepar. De cualquier manera, el gobierno del PP impondrá en el pleno que la corporación celebra esta mañana su mayoría para aprobar el concierto previo del nuevo PGOU, que será remitido a la Generalitat Valenciana para su dictamen definitivo.
Entre las alegaciones presentadas al PGOU, ha sido desestimada una de la Conselleria de Medio Ambiente, que incorporaba un informe elaborado por la CHJ sobre la zona del Barranc de la Batalla y La Canal. Este estudio, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, recoge las recomendaciones efectuadas en su día por el Instituto Geominero de España (IGME), del que resalta establece una serie de medidas de protección, afirmándose que la actividad industrial, en los sectores 5 y 6, debería orientarse hacia la actividad logística más que a la producción fabril", debido al alto número de actividades industriales que "no serán admisibles". La relación de actividades económicas prohibidas en esta zona asciende a 84, e incluye multitud de sectores, como todo lo vinculado con la exploración petrolífera y de gas; las minería y la construcción; la industria agroalimentaria y de bebidas; la manipulación de pieles; la fabricación de papeles pintados; las artes gráficas; la fabricación de productos químicos, de pesticidas, de pinturas, barnices y revestimientos, de productos farmacéuticos, de caucho y fibrocemento, entre muchos otros; la fundición de metales; la construcción aeronáutica, de motocicletas, vehículos de motor, bicicletas, energía eléctrica -salvo eólica y solar; el mantenimiento de vehículos de motor; el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y el tratamiento de residuos o el lavado de prendas textiles.
Ante esto, la CHJ entiende que "teniendo en cuenta que la cuenca Hidrográfica del río Molinar (la cual incluye el Barranc de la Batalla y el Barranco del Regall) desemboca la zona de máxima protección del perímetro, el estudio del IGME indica la necesidad de garantizar la inexistencia de vertidos líquidos, depurados o sin depurar, tanto al subsuelo como a la red de drenaje, por lo tanto debería reconsiderarse la conveniencia de implantar los sectores de suelo urbanizable 4, 5 y 6", es decir, La Canal y el área residencial de Nou Estepar. Sólo en el caso de La Canal, la zona afectada es de 900.000 metros cuadrados, de las que 500.000 estaban destinadas a suelo industrial y el resto, a servicios y viales.
Paco Agulló, portavoz de l'Entesa, se preguntó ayer en relación con este informe si "¿Vale la pena ir tan lejos cuando tienes más de 80 actividades que no se pueden hacer por el riesgo de filtraciones?", en referencia a los problemas con el Molinar.
La alegación, resaltó Agulló, ha sido desestimada por el gobierno del PP, una medida que se refrendará en el pleno de esta mañana.
Polémica con Serelles
La entrega de las primeras 47 licencias de ocupación para viviendas y la recepción parcial de las obras de urbanización de Serelles, provocó ayer la reacción del portavoz de l'Entesa, Paco Agulló, que acusó al PP de "presentarse como salvador de los vecinos afectados, cuando en realidad es el culpable del desastre".
Agulló se pregunta por las facilidades que el PP está otorgando a la promotora Luxender, mientras que "para los demás promotores todo son exigencias para obtener las licencias de ocupación. ¿Qué esconde el PP detrás de Serelles?" Por último, Agulló subraya que Serelles está pendiente de decisiones judiciales, que podrían alterar su configuración actual, y que los vecinos "han sido víctimas de un proyecto urbanístico con numerosas contradicciones".
La suspensión de pagos de la promotora ha demorado dos años la entrega de los pisos y el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante tumbó recientemente el plan de Luxender para financiar las obras de urbanización.
Equipamiento del Palacio de Justicia
La Generalitat, además, invertirá más de un millón de euros en equipamiento informático y de comunicaciones en el palacio de justicia de Alcoy, según informó ayer el secretario autonómico, Jorge Cabré. En una visita a Alcoy, explicó que esta inversión facilitará el traslado desde la sede actual de los juzgados y que el nuevo edificio judicial pueda entrar en funcionamiento lo antes posible. La inversión, cercana a los 1.177.000 euros, contempla los ordenadores personales, impresoras, cableado, electrónica de red, central telefónica, los sistemas de grabación de audio y vídeo con videoconferencia y los soportes de control horario y gestión de colas, entre otros. Cabré ha estado acompañado en su visita por el alcalde de Alcoy, Jorge Sedano, y la concejal de Urbanismo, Eugenia del Castillo, y ha conocido y coordinado las necesidades en cuanto a equipamiento e instalación de los sistemas de alta tecnología necesarios para el desarrollo de la actividad judicial. Fruto de la colaboración institucional, el Ayuntamiento ha contribuido en la realización de las obras del nuevo Palacio de Justicia y la Generalitat lo culmina ahora con la inversión en equipamiento tecnológico. EFE
