La tarifa por el consumo doméstico de agua potable se ha disparado en Alcoy en un 60% en una década, coincidiendo con el mandato del gobierno del PP, después de que en la comisión de Hacienda celebrada ayer se diese el visto bueno -exclusivamente con el voto de la mayoría- a la subida de un 5,5% prevista para 2010. El incremento acumulado contrasta con el IPC registrado en España en el mismo período, que es del 23,4%.
Los datos son claros, según explica el portavoz del PSOE, Antonio Francés. En el período comprendido entre 2002 y 2011, la tarifa por el consumo doméstico de agua potable ha aumentado en un 60%, "muy por encima del IPC", agregó. "El año en que más incremento ha habido fue 2002, con un 15%, pero la media anual es del 4 ó el 5%", subrayó el portavoz el Psoe.
Hay que significar que en los diez años estudiados, el IPC ha sido en España del 23,4%, por lo que se ha registrado un incremento real del precio del agua del 35,6% por encima de los aumentos de precio oficiales registrados en este país.
Esta tendencia al alza de las tarifas, además, coincide con el ciclo posterior a la privatización del servicio, que aprobaron el PP y el PSOE, a propuesta de este último, en 2000. Este acuerdo, precisamente, facilitó la ruptura del tripartito PSOE-EU-NE y permitió la llegada del PP al gobierno de la ciudad, tras la dimisión de José Sanus. El concejal de Hacienda justificaba la subida de tarifas en la "fórmula polinómica" pactada en su día con la empresa Aqualia, pero cuyo contenido nunca se ha explicado al detalle.
Antonio Francés, además, significó que la subida registrada entre 2002 y 2011 es todavía mayor en lo que se refiere al contador del agua. "Tener un contador es obligatorio, es decir, que lo pagan todos, independientemente de que consuman o no, por lo que es muy injusto que en diez años la tarifa haya subido en un 84%, pasando de 2,97 euros trimestrales a 5,45", subrayó Francés.
Una particularidad del aumento de tarifas del 5,5% aprobado para 2011 en Alcoy es que no prima el menor consumo, como ha ocurrido otros años, "sino que es lineal, para todos por igual", resaltó Francés, expresando su rotunda disconformidad con esta política de precios.
La comisión de Hacienda dictaminó ayer favorablemente la subida del agua y el incremento de otros servicios en un 1,8%, el IPC previsto para el año en curso, con los votos del gobierno del PP, que impuso su mayoría absoluta. La oposición se abstuvo -salvo el Bloc, que votó en contra-, pero es previsible que los tres grupos rechacen la iniciativa en el pleno del viernes, en el que se tendrá que refrendar el acuerdo. Francés no ocultó que "nosotros habríamos preferido una subida de los tramos más altos, los de mayor consumo, que habría sido mucho más social que la lineal que ha aplicado el gobierno". El portavoz del PSOE explicó su disconformidad con el aumento para los contadores "que castiga mucho a la persona que no consume o que consume poco".
Las tasas y precios públicos, como la grúa, el cementerio, la recogida y tratamiento de basuras, experimentarán un 1,8% de aumento, de acuerdo con el IPC.
Vía libre al futuro PGOU con los proyectos conflictivos
La comisión de Urbanismo, reunida al término de la de Hacienda, dio también luz verde con los votos del PP al futuro PGOU, refrendándose los proyectos más conflictivos, como son Xirillent-Golf, La Canal y Serelles. Los tres grupos de la oposición votaron en contra, en una resolución que, previsiblemente, se repetirá en el transcurso del pleno del viernes.
El gobierno del PP, como había anunciado, solamente aceptó cuestiones de "matiz", pero ninguna de las alegaciones que planteaban modificaciones sustanciales del fondo, fundamentalmente eliminar los proyectos para La Canal y Xirillent, que planteaba la oposición, la Colla Ecologista la Carrasca y también la Universidad de Alicante, a través de su sección ambiental en la Font Roja.
El concejal del Bloc Paco Blay criticó que "el mantenimiento del proyecto de Xirillent-Golf no se ha justificado de forma suficiente, después de la oposición mostrada por la Conselleria de Medio Ambiente. "He preguntado en la comisión que qué pasaría si más adelante el Consell no acepta lo de Xirillent, y me han contestado que se retiraría del PGOU", manifestó.
Este edil también ha cuestionado la falta de "un modelo económico previo al PGOU", así como que "se apueste por un modelo de ciudad dispersa", frente a otro con carácter integrador.
