La Fiscalía ve indicios de la comisión de un delito de malversación por parte del primer teniente de alcalde de Ibi, Miguel Ángel Agüera, del PP, por autorizar el pago de diversas facturas por obras en el restaurante municipal de la finca Serafines, que en conjunto ascendían a 16.147 euros. La documentación sobre este caso ha sido remitida a los juzgados del municipio con el fin de incoar diligencias previas, dado que se considera que los pagos debieron ser asumidos por la empresa que regenta el local.
Los hechos, que se remontan al año pasado, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal por parte del concejal de EU José Vicente Verdú, tras conocer que el interventor municipal formuló reparo de legalidad al abono de unas facturas por obras en el restaurante de la finca Serafines, de propiedad municipal.
Según se hace constar en el escrito que la Fiscalía ha remitido a los juzgados, y al cual ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento de Ibi y la empresa que regenta el restaurante suscribieron en octubre de 2007 un contrato administrativo especial de servicio de restauración, en el cual se establecía un canon de licitación de 930 euros al mes y de 30.000 euros de valoración estimada de las reformas a efectuar en el local.
Como consecuencia de las reformas efectuadas en el restaurante, se presentaron en el Ayuntamiento diversas facturas fechadas entre el 9 de febrero y el 30 de mayo de 2009, cuyo importe total era de 16.147 euros.
En base a ello, el interventor municipal formuló un reparo de legalidad en el que, entre otras cuestiones, señalaba que "no consta la instrucción de procedimiento alguno de contratación en relación a las citadas facturas, en la medida de no haberse cumplimentado la propuesta de autorización del gasto correspondiente por el concejal responsable, obviándose el procedimiento de verificación y control de la existencia previa del crédito y su retención".
A pesar de ello, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Obras Públicas, Miguel Ángel Agüera, autorizó el gasto con cargo al presupuesto municipal mediante un decreto de 17 de julio de 2009. En dicha resolución indicaba que autorizaba el pago "para evitar el perjuicio de terceros contratantes con la Administración y el correlativo enriquecimiento injusto".
Con ello, se abonaban por el Ayuntamiento facturas de reforma de las instalaciones del restaurante, cuyo importe, según hace constar la Fiscalía, "debía sumir la empresa adjudicataria con arreglo al contrato antes reseñado de octubre de 2007".
En este sentido, el fiscal añade que "se considera, por lo expuesto, que existen indicios de la comisión de un delito de malversación del artículo 433, que podría haberse cometido por el teniente de alcalde que autorizó el gasto por decreto". Este es el motivo por el que se ha remitido a los juzgados de Ibi la denuncia efectuada por EU y la documentación aportada, "con el fin de incoar diligencias previas en averiguación de los hechos", concluye el escrito.
El segundo caso
que acaba en
los tribunales
Este es el segundo caso de presunta malversación que afecta al Ayuntamiento y que acaba en los tribunales, después de que el juzgado instruyera diligencias contra la ex concejal Ana Sarabia por irregularidades contables en el polideportivo municipal. El concejal de EU, José Vicente Verdú, recuerda que la imputación de Ana Sarabia provocó en su día que el grupo popular la presionase para que entregara su acta de concejal. En este sentido, se pregunta si "ahora ocurrirá lo mismo con Agüera". Verdú también recuerda, en relación al pago de las facturas del restaurante Serafines, que el gobierno municipal todavía no ha resuelto su recurso contra el decreto, ni tampoco ha respondido a la solicitud de creación de una comisión de investigación.
