Los vecinos de la zona de Sembenet, en Alcoy, han pedido formalmente y por escrito al Ayuntamiento que proceda a la clausura de la planta de transferencia de basuras, que sigue funcionando de forma interina e ilegal, como han ratificado siete sentencias judiciales consecutivas, la última del Tribunal Supremo. Los residentes, que llevan oponiéndose a la instalación desde 1998, plantearán de forma consecutiva la demolición del inmueble, según ha podido saber este diario.
El Ayuntamiento dispone ya, según confirmó ayer a este diario el concejal de Régimen Jurídico, Rafael Sanus, de un escrito de los vecinos de la zona de Sembenet en el que le piden formalmente que se proceda al derribo de la instalación. Esta iniciativa se ha producido muy poco después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya iniciado el expediente de ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a cerrar la instalación de tratamiento de residuos.
Los vecinos, como se viene informando, rechazaron no ya la planta de basuras sino la modificación urbanística previa que la permitió, que inició en 1998 el gobierno del PSOE de José Sanus y concluyó el del PP, que posteriormente formalizaría con Vaersa y la Conselleria de Medio Ambiente la construcción de este equipamiento. La disconformidad vecinal se plasmó en dos puntos concretos: la zona estaba catalogada como de protección de bordes urbanos y, además, distaba menos de 2.000 metros menos del casco urbano, cuestiones, ambas, que entendían impedían su construcción en este punto.
La planta fue inaugurada en febrero de 2003 y entró en servicio en abril del mismo año, de forma provisional, una provisionalidad que sigue manteniéndose cuando han transcurrido siete años y tres meses. Hasta siete sentencias judiciales han tumbado no sólo el plan inicial, sino las sucesivas licencias provisionales y definitivas que ha ido otorgando el Ayuntamiento, e incluso la modificación urbanística que se efectuó, en un intento por legalizar y permitir que la instalación pudiera seguir trabajando. El pasado mes de marzo, el Supremo daba la puntilla definitiva al proceso judicial, al rechazar el recurso de casación del Ayuntamiento, la Generalitat y Vaersa al fallo previo del TSJ que anuló el Plan Especial de Transferencia y Selección de Residuos Sólidos Urbanos.
No obstante, Vaersa, en lo que fuentes cercanas al caso calificaron de "maniobra dilatoria", presentó un recurso en un proceso en los juzgados de Alicante, que acababa de anular la licencia definitiva de la planta, pero parece que esta tentativa, al final, puede resultar insatisfactoria. Poco después el TSJ "animaba" a la ejecución de la sentencia, y ahora los vecinos lo han solicitado formalmente.
El Ayuntamiento se ha dirigido a Vaersa notificándole el escrito enviado por los vecinos, con el fin de que pueda pronunciarse, pero con el matiz de que en este caso la decisión de la clausura corresponde al Ayuntamiento. Fuentes de los vecinos han señalado a este diario que el pasado mes de abril mantuvieron una reunión con el alcalde Jorge Sedano en el que les dijo que si la planta se tiene que derribar, se derribará. Los vecinos no ocultan la sorpresa que tuvieron cuando Sedano intentó desviar las culpas de lo sucedido al anterior gobierno del PSOE y a su propio partido, cuando se le hizo ver que él mismo había votado a favor de todo los trámites sobre la planta de basuras.
