La empresa Grupo Generala, concesionaria del parking subterráneo de la Uxola de Alcoy, y que acaba de pedir apoyo al Ayuntamiento tras "fracasar" el negocio, se ocupó personalmente de elaborar el estudio previo de viabilidad, según denunciaron ayer los grupos de la oposición, que se mostraron contrarios a la adopción de cualquier tipo de medida de colaboración.

La mercantil, como adelantó ayer este diario, ha solicitado ayuda al consistorio, tras no haber vendido ni una plaza en 7 meses y registrar una utilización mínima de forma habitual. "Es la crónica de una muerte anunciada", manifestó ayer Paco Agulló, de l'Entesa, que, al igual que Antonio Francés, del PSOE, rcordó que La Generala ha desarrollado todo el proceso que ha acabado en el parking; de hecho fue la única mercantil que concurrió no solamente a las obras, sino también al concurso para el estudio de viabilidad, que ella misma realizó.

Agulló lamentó que "lo más triste, es que parte del déficit lo acabará pagando en el Ayuntamiento, porque siempre hay cláusulas en este tipo de contratos. Por su parte, Francés significó que "todo se hizo a medida de la empresa, desde el mismo comienzo, por lo que la empresa es la que tiene que asumir el riesgo del proyecto. Lo que ocurre es que estamos ante una empresa que ha sido mimada por el PP y que ha tenido muchas facilidades, pero ahora no vamos a permitir un trato especial. Hay que hacer lo mismo con cualquier otra empresa que tiene dificultades tras haber asumido un riesgo".

Paco Blay, del Bloc, incidió en que "esta empresa ha sido demasiado tolerada por el gobierno del PP, que hasta le permitió paralizar la obra unilateralmente para luego autorizarle un sobre coste de un millón de euros, y ratificarle plazas de más que había hecho sin permiso".

Este portavoz subraya también que "esta compañía tiene muchas y muy caras obras de Alcoy, y en las que siempre hay problemas que generan sobrecostes", entre las que citó la adecuación del Centro de Mayores de la Zona Alta, la reforma del Paseo del Viaducto, por más de 600.000 euros cada una, o la restauración de la casa de Juan Gil-Albert.