El policía local de Castalla acusado de cobrar sobornos declaró ayer que la denuncia es un montaje y que había sido víctima de una trampa. La Fiscalía pide para él 30.000 euros de multa y tres años de inhabilitación por cobrar 1.000 euros mensuales del dueño de un bar de la localidad a cambio de hacer la vista gorda en las partidas ilegales de cartas que se organizaban en el local. En la causa también está imputado el dueño del bar que le denunció, para quien también se pide una multa, quien alegó que pagó por miedo. El juicio con jurado popular comenzó ayer en la Audiencia Provincial y seguirá hoy y mañana.

El funcionario aseguró que en sus horas libres se dedicaba a vender para una empresa de productos publicitarios, como mecheros, en establecimientos de hostelería de la localidad a cambio de una pequeña comisión. "Hablé por teléfono con el dueño del bar para decirle que me iba a pasar a cobrar una antigua deuda que tenía con esa empresa", relató. El dueño del bar ya le había denunciado a la Guardia Civil y tenía en el local un dispositivo de cámaras de seguridad con el que grabó la entrega del dinero. El agentes sostiene que el dueño del bar le tendió una trampa y que él "jamás" ha cobrado sobornos. Según aseguró con la denuncia evitaba que otros policías fueran a realizar inspecciones al local, porque desde que ocurrieron los hechos no ha habido ninguna a pesar de que se trata de un local problemático. "Ni siquiera sabía cuánto dinero había cuando me dio el sobre", dijo.

La Fiscalía le estuvo preguntando por el origen de sus ingresos, ya que en ese periodo hubo numerosos ingresos en las tres cuentas corrientes que tenía la familia. El agente señaló que en una cuenta ingresaba el dinero de la nómina, la otra estaba destinada al pago del seguro y la hipoteca y una tercera era de su mujer y su hijo. Cuando la fiscal le preguntó por los ingresos en esa tercera cuenta que no se correspondían con los sueldos de ambos, el acusado no supo dar ninguna explicación.

Por su parte, el dueño del bar señaló que el agente inicialmente le pedía 1.500 euros, pero él le dijo que sólo podía pagar 1.000. Dieciocho meses después ya no podía seguir pagando más y fue cuando decidió denunciar. "Me amenazaba con que me iba a cerrar el bar. Una vez al mes me llamaba y me decía¨: "El jefe quiere cobrar". Yo pagaba porque tenía miedo de lo que pudiera hacer", señaló. El acusado admitió que adquiría productos de publicidad al policía, pero el dinero que le pagaba no era para eso.