Los afectados por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy, de cuya crisis se cumplen este mes 17 años, han recurrido ante la sección tercera de la Audiencia de Alicante la excarcelación del director general Jesús Llopis, materializada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de Villena a principios de junio cuando había cumplido seis meses de los cuatro años de condena, tal y como viene informando este diario.
Jesús Llopis Ferrer fue condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia, al considerarlo culpable de un delito de insolvencia punible (quiebra fraudulenta), en un fallo que fue refrendado por el Tribunal Supremo y por el que el Constitucional no admitió recursos. También se condenó a 3 años a su sobrina y subdirectora general, Mercedes Llopis, y a su hijo y responsable de la sucursal, Jesús Lidiano Llopis, en este caso por el Supremo, tras haber sido absuelto inicialmente. Mientras Mercedes ha logrado la suspensión temporal, Jesús Lidiano es el único que cumple condena en prisión en estos momentos. Los tres han solicitado un indulto al Gobierno central, que está en tramitación.
El director general ingresó en prisión en octubre de 2009 y el junio de 2010 obtuvo la libertad condicional, atendiendo a su edad y a que, teóricamente, había satisfecho el importe de su responsabilidad civil. Los afectados reaccionaron con indignación, tal y como se ha ido informando y, de hecho, esta misma semana han presentado un escrito ante la Audiencia de Alicante en el que solicitan que se revoque la medida.
Los afectados, a través de sus abogados, han mostrado su consternación tras haber averiguado cómo se ha solventado la cuestión de la responsabilidad civil. En concreto, Llopis se ha comprometido a pagar 400 euros al mes de su pensión, con el fin de hacer frente a la responsabilidad civil a la que tiene que hacer frente como condenado. Aunque el montante real de la misma no está determinado aún, de hecho lo está perfilando ahora la Audiencia, los afectados entienden que se eleva a unos 2,5 millones de euros.
En este contexto, entienden que "un pago de 400 euros al mes de responsabilidad civil es irrisorio y atenta a la dignidad de los afectados. Es una burla a muchos perjudicados, que también son jubilados".
De ahí que el colectivo se haya dirigido a la Audiencia con una avalancha de peticiones. En concreto, reclama que se efectúe una averiguación de los bienes para conocer la "solvencia real del condenado en la fecha en que se declaró la quiebra fraudulenta", a la vez que insta a que no se considere cumplida su responsabilidad civil a través del pago de 400 euros al mes.
Igualmente, recuerdan que "esta persona ha sido condenada por un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, perjudicando a una entidad con numerosos clientes", por lo que impugnan la libertad condicional, al considerarla "contraria a derecho". Los afectados significan que no se han cumplido los requisitos que establece la legislación vigente para la excarcelación, com son el cumplimiento de tres cuatas partes de la condena y la materialización de la responsabilidad civil.
Por ello, por último, reclaman a la Audiencia la entrega del expediente de Vigilancia Penitenciaria, "que no conocemos ni nosotros ni la propia Audiencia, ya que el juez de Villena no dio traslado a las partes".
