El nuevo Palacio de Justicia de Alcoy acumula en estos momentos un retraso de más de tres años -debería haber estado terminado en marzo de 2007-, a la vez que su coste se ha triplicado, al haber pasado de un desembolso inicial de 1 millón de euros a haber superado los 3 millones, y sin que la obra esté terminada. Hay que recordar que se trata del único edificio judicial que financia un Ayuntamiento en toda la Comunidad Valenciana.
El gobierno del PP del Ayuntamiento de Alcoy decidió, cuando era conseller de Justicia el ex alcalde Miguel Peralta, habilitar un nuevo Palacio de Justicia en la ciudad, que sustituyera a las descencijadas instalaciones actuales de la plaza Al-Azraq. Para ello, se decidió rehabilitar el histórico edificio de la plaza de la Mare de Déu, que había acogido la Escola d'Art y estaba al borde de la ruina, y en noviembre de 2004 se encargaba el proyecto -de forma directa, sin concurso- a la arquitecta Carmen Gloria Domenech, hija del entonces subsecretario autonómico de Territorio Ramón Domenech, que más tarde dimitiría tras haber adquirido a bajo precio una propiedad a la Iglesia en la zona de Barxell. Todo esto originó una tormenta política en su momento, tanto a nivel local como autonómico.
Peralta y el alcalde Jorge Sedano presentaron el proyecto en sociedad el 26 de marzo de 2005 y un año más tarde se adjudicaba a la firma Maive, por un importe de 1,1 millones de euros y con un plazo de ejecución de 9,5 meses. La compañía duplicó el plazo de ejecución, pese a lo cual, y gracias a un informe de la citada arquitecta, se le concedería en noviembre de 2007 una segunda fase, con un coste de 1,3 millones y consistente en la construcción de un edificio anexo posterior. Aunque el inmueble principal tenía superficie para cinco juzgados, como anunciaron Sedano y Peralta en la citada presentación, la realidad fue que cuando los jueces y demás personal judicial acudieron a preparar el traslado, anunciaron que era imposible materializarlo por no haber espacio para cuatro.
Entonces, el gobierno municipal puso en marcha la segunda fase, que permitiría ampliar el espacio disponible con un segundo edificio anexo, cuya previsión de ejecución era inferior al año. En este caso, la previsión de inaugurar el Palacio de Justicia a finales de 2008 tampoco llegaría a cumplirse, ya que las empresa Maive tardó nada menos que 12 meses en comenzar las obras. En este caso, como se ha venido informando, la demora se debió a que surgieron problemas geológicos en la parcela escogida, que obligaron a un estudio exhaustivo del terreno, previo a la construcción.
Actualmente, las obras están en su recta final y el Ayuntamiento contemplaba la apertura en un inconcreto "tras el verano", plazo que previsiblemente se alargará algunos meses más, al haber surgido un nuevo contratiempo, la falta de un transformador eléctrico, que deberá construirse, con un coste de 44.498 euros para el Ayuntamiento.En total, según el cómputo del socialista Antonio Francés, el Palacio de Justicia acabará costando a las arcas municipales más de 3 millones de euros, de los cuales 1 millón se abonará con cargo al presupuesto de 2010.
