El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha iniciado el expediente de ejecución forzosa de la sentencia que obligaba a clausurar la planta de transferencia de basuras de Alcoy al considerarla ilegal. El alto tribunal, además, estudia imponer una sanción de hasta 1.500 euros a la empresa Vaersa por demorarse en el cumplimiento del fallo judicial.
Tal y como se informó, el Tribunal Supremo ratificaba el pasado mes de marzo la ilegalidad de la planta de basuras, después de desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y Vaersa contra una resolución de 2005 del Tribunal Superior de Justicia que anuló el plan especial de transferencia y sección de residuos sólidos de Alcoy.
Ahora, según avanzó Radio Alcoy y pudo confirmar este diario, la sección tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha iniciado el expediente de ejecución forzosa de la sentencia que ordena el cierre. Asimismo, ha abierto una pieza paralela contra el responsable de la demora de la ejecución voluntaria, en este caso Vaersa, a la que podría sancionar con hasta 1.500 euros si no hay una justificación. Cabe reseñar, en este sentido, que Vaersa tiene recurrido precisamente ante el TSJ otro fallo, en este caso de un juzgado de Alicante, que anulaba la licencia definitiva de funcionamiento de la planta.
El proceso judicial se inició a raíz de una denuncia de los vecinos de la zona de Sant Benet, donde está ubicada la planta, quienes alegaron que estas instalaciones, calificadas como actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa, incumplían la distancia mínima de 2.000 metros respecto al casco urbano. Ayer calificaban la clausura como "justa", si bien lamentaban "el dinero que se ha malgastado en este proyecto, a pesar de que en su momento solicitamos que no se hiciera".
