M. VILAPLANA ALCOY
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Una empresa de Alcoy dedicada a la limpieza se niega a readmitir a cinco trabajadores discapacitados, pese a que el juzgado de lo social considera nulos los despidos debido a que no se han justificado suficientemente los motivos económicos alegados. La firma, catalogada como centro especial de empleo, argumenta que ya no percibe las ayudas oficiales para los salarios de las personas discapacitadas. Los afectados, mientras tanto, no han cobrado las indemnizaciones a las que tienen derecho, y apenas susbsisten gracias a las mínimas cantidades que perciben por al adelanto de las prestaciones por desempleo.
La empresa, denominada Limpsal, es un centro especial de empleo, habida cuenta que, al menos hasta hace poco, venía cobrando ayudas de la administración para contratar a personas con discapacidades físicas y psíquicas. Precisamente, la pérdida de estas subvenciones es lo que ha argumentado para despedir a los trabajadores.
Según hace constar en las cartas de despido, a las que ha tenido acceso este diario, la empresa señala que dejó de recibir las citadas ayudas a finales del ejercicio de 2008, "lastrando de esa forma su viabilidad económica" y generando pérdidas. Este es el mismo motivo que alega para no haber abonado a los empleados despedidos la indemnización a la que tienen derecho.
Incomparecencia
Con todo, estos argumentos no han acabado de convencer al Juzgado de lo Social número 7 de Alicante, que ha declarado improcedentes los despidos, después de que la empresa no haya comparecido en ninguno de los juicios. A la hora de justificar el fallo, la sala hacer referencia a que no se ha acreditado de forma suficiente en la carta entregada a los trabajadores la causa del despido. En este sentido, el juzgado declara la nulidad y condena a la empresa a que proceda a la inmediata readmisión de los afectados, cosa que no ha hecho hasta la fecha pese a que en uno de los casos incluso se ha ordenado la ejecución de la sentencia.
Además de estos cinco trabajadores, la firma también ha despedido a la enlace sindical, de UGT, que ha denunciado el caso y está a la espera de una sentencia idéntica. Los trabajadores afirman estar "desesperados", dado que además de no haber cobrado la indemnización, subsisten con una prestación de desempleo que oscila entre los 550 y los 360 euros, según los casos. El sindicato estudia denunciar a la empresa por desacato al juez.
La compañía
asegura que no
puede pagarles
Fuentes de la empresa, tras reconocer que las sentencias son favorables a los trabajadores, manifestaron no obstante a este diario que no los readmiten porque no pueden abonarles el sueldo. "No tenemos ningún inconveniente en que se reincorporen a sus puestos, pero que sepan que no van a poder cobrar porque no tenemos dinero", afirmaron. Las mismas fuentes insistieron en la argumentación de que han dejado de percibir las ayudas, y que ese hecho ha derivado en la situación actual.
Los trabajadores despedidos, por su parte, afirman que pese a ser discapacitados, han estado trabajando entre ocho y seis horas diarias, y no entienden cómo ahora están cobrando una prestación por desempleo tan baja, con la que apenas puede subsistir. Además, advierten que el INEM les está adelantando dichas prestaciones, y temen que tengan que devolverlas si no se soluciona el caso. Todos los despedidos, salvo uno, son discapacitados físicos. Rosana tiene problemas de fibromialgia, Juani de polio, Abdoullah de vista, Sebastiana de sordera y Francisco de inflamación arterial. Ángel, por su parte, es enfermo mental. Todos ellos tienen estas minusvalías reconocidas oficialmente, motivo por el que pudieron entrar a trabajar en esta empresa, que está reconocida como centro especial de empleo. M. V. ALCOY
03:45
