El alcalde niega ante el juez que cambiara afiliaciones al PP por permisos de obras

M. VILAPLANA El alcalde de Castalla, José Luis Prats, negó ayer ante el juez que haya realizado afiliaciones al PP a cambio de licencias de obras, tal y como se recogía en una denuncia presentada por la dirección local del partido. El primer edil asegura que sólo se han concedido permisos a 11 de los 273 nuevos militantes, y que además fueron otorgados con el informe favorable de los técnicos municipales. Prats también niega que se haya quedado con las cuotas de alta.
La dirección del PP de Castalla interponía el pasado verano una querella por cohecho y apropiación indebida contra José Luis Prats, perteneciente a esta misma formación política. En la denuncia se le acusaba de haber gestionado 273 afiliaciones, la mayoría de residentes de la urbanización Castalla Internacional, a cambio de licencias de obras y con el objetivo de lograr suficientes apoyos para lograr la presidencia local del partido, en manos de su antecesor en la Alcaldía, Juan Rico. La demanda también le acusaba de no haber abonado los más de 2.000 euros de las cuotas de ingreso de los nuevos militantes.
Ayer, José Luis Prats compareció en el Juzgado de Ibi durante cerca de dos horas, negando todas las acusaciones. A la salida de las dependencias judiciales, el alcalde señalaba que "de las 273 afiliaciones, sólo hay 11 coincidencias. Además, los permisos son por obras menores que cuentan con los informes favorables del arquitecto municipal y el abogado urbanista, con lo que estábamos obligados a concederlas".
Prats añadió, en este sentido, que "ha quedado en evidencia que la denuncia es exclusivamente por motivos personales, porque las licencias las concede una junta compuesta por cinco personas y sólo me han acusado a mí".
Sobre las cuotas de alta de los afiliados, Prats manifestó que "están ingresadas en una cuenta del grupo municipal del PP, y no las haremos efectivas hasta que la ejecutiva provincial decida si acepta a los nuevos militantes".
Cabe recordar que Juan Rico fue reelegido en una asamblea en la que precisamente no pudieron votar los nuevos afiliados, lo que provocó la impugnación de Prats.