La Audiencia decreta el ingreso en prisión de dos directivos de Caja de Alcoy

M. CANDELA La sección tercera de la Audiencia de Alicante decretó ayer el ingreso en prisión del director general de la Caja de Crédito de Alcoy, Jesús Llopis Ferrer, y de su hijo y responsable de la sucursal, Jesús Lidiano Llopis, mientras suspendió la de la subdirectora general, Mercedes Llopis Candela, una resolución que se materializa cuando han transcurrido 16 años y cuatro meses de la crisis de la entidad financidera, que dejó sin sus ahorros a más de 1.500 personas.
Que los condenados por insolvencia punible (quiebra fraudulenta) iban a ingresar en prisión, sólo era cuestión de tiempo desde que a finales de julio la Audiencia hubiese rechazado su petición de suspensión cautelar de las condenas, a la espera de la resolución del indulto que han solicitado al Ministerio de Justicia, y el plazo ya se ha agotado.
De hecho, uno de los condenados, Jesús Lidiano Llopis, se encuentra ya ingresado en la prisión de Alicante "por otras responsabilidades", cuya naturaleza no ha trascendido. "El cumplimiento de esta condena se le notifica en la cárcel, y empezará con la de la Caja de Alcoy cuando acabe con la actual", resaltaron las fuentes consultadas. El director de la sucursal fue condenado a 2 años, 11 meses y 29 días por el Tribunal Supremo como coautor del delito de insolvencia punible, después de que la Audiencia lo hubiese absuelto, al considerarlo cómplice y considerar que éste había prescrito.
Jesús Llopis Ferrer tendrá que cumplir una pena de 3 años, 11 meses y 29 días, y lo hará en el centro penitenciario de Villena, en el que ingresará voluntaria mente el próximo 29 de octubre. No obstante, fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que es "muy improbable" que el antiguo director general llegue a cumplir la mayor parte de la pena, dada su avanzada edad y su estado de salud.
La Audiencia, sin embargo, ha descartado por el momento la entrada en prisión de la subdirectora general Mercedes Llopis, al haber estimado un recurso de súplica interpuesto por su defensa. Las fuentes consultadas han indicado que el tribunal ha entendido que la citada no se lucró particularmente a través de los fondos de la Caja de Crédito de Alcoy. Por tanto, se aguardará a que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre el indulto.
La Caja de Crédito de Alcoy había sido fundada como cooperativa de crédito en 1987 y estuvo dirigida por los tres condenados hasta el final. El 30 de julio de 1993 entraba en un proceso de suspensión de pagos que más tarde derivaría en una quiebra y en la desaparición de la entidad, lo que provocó la pérdida de sus ahorros para más 1.500 personas, en un montante estimado de 3,7 millones de euros. Una parte de esta cantidad se ha recuperado con los años.
Hay que significar que la Audiencia, con la posterior corroboración por parte del Supremo, redujo en un grado las condenas al entender que se habían producido dilaciones indebidas durante la tramitación del caso.