El juzgado impide a Luxender la venta de 19 parcelas de Serelles

M. CANDELA El Juzgado Mercantil 2 de Alicante ha vetado al grupo inmobiliario Luxender, de Alcoy, la venta de 19 parcelas de la zona de Serelles a una promotora, operación con la que la mercantil, en suspensión de pagos, pretendía obtener recursos para acabar las obras de urbanización y evitar que, eventualmente, el Ayuntamiento le retirase la concesión. El juzgado ha advertido en la operación "riesgos de frustración para los intereses de los acreedores", según ha podido saber este diario.
Luxender, como se informó el pasado 14 de julio, propuso al juzgado vender 19 parcelas a la promotora Artemisa Galatensis, operación con la que pretendía conseguir un beneficio de 5,5 millones y garantizar "de una forma absoluta la finalización de las obras de urbanización". Luxender tenía que haber construido hasta 1.500 chalés en Serelles, pero aún no ha terminado y entregado ninguno.
El juzgado, según un auto a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, ha desestimado el permiso para la venta de las parcelas, al considerar válidas numerosas objeciones expuestas por los acreedores. De entrada, subraya la existencia de una "insuficiencia de información", y de contradicciones, incluso en el número de fincas incluidas en la iniciativa. También resalta que "no consta acreditación de las cargas y valoración de las mismas" y, de manera especial, "los derechos reales que existen a favor del Ayuntamiento de Alcoy sobre la totalidad del suelo".
Por otro lado, hace hincapié en que se pretende alcanzar con Artemisa "un subcontrato sin que acredite la posibilidad y el cumplimiento de las exigencias administrativas previas en orden a tal contratación" y "no garantiza que no se inicie expediente de resolución por el Ayuntamiento".
Entre los argumentos contrarios, resalta que no se aclara "cómo podrá Luxender hacer frente al pago de las cuotas de urbanización de las parcelas que permanecen en su propiedad", ni la valoración que se otorga a las obras pendientes de ejecutar.
Como argumento principal, el juzgado entiende que la falta de información "exige que no sea autorizada la operación", toda vez que se advierten "riesgos de frustración para los intereses de los acreedores". No obstante, la sala entidende que la petición puede reformularse, subsanándose las incógnitas que permanecen y aportando un "informe detallado y no con meras aproximaciones y referencias externas". Asimismo, reclama información sobre la empresa compradora e insta la intervención previa preceptiva del Ayuntamiento de Alcoy.