La dirección del PP de Castalla acusa al alcalde José Luis Prats, perteneciente a esta misma formación política, de haber gestionado alrededor de 250 afiliaciones a cambio de la concesión de licencias de obras. Así se hace constar en la querella por cohecho que fue presentada ayer en el juzgado de Ibi, en la cual se insiste en que el objetivo del primer edil es la obtención de apoyos para lograr la presidencia local del partido. La denuncia también acusa al alcalde de un presunto delito de apropiación indebida, dado que la asamblea local del PP no ha recibido los más de 2.000 euros de las cuotas que deberían haber aportado los nuevos militantes, todos ellos extranjeros y vecinos de la urbanización Castalla Internacional.

Tal y como anticipó este diario, la dirección del PP de Castalla estaba preparando una querella contra José Luis Prats por realizar afiliaciones masivas con la presunta intención de lograr apoyos para acceder a la presidencia local del partido, actualmente en manos del ex alcalde Juan Rico. La denuncia fue presentada ayer en el juzgado de Ibi por un miembro de la asamblea local, atribuyéndose a Prats los presuntos delitos de cohecho y apropiación indebida.

En el texto de la demanda, a la cual ha tenido acceso este diario, se indica textualmente que "el alcalde y futuro candidato a la presidencia local del PP, a cambio de cientos de afiliaciones al partido de vecinos de la urbanización Castalla Internacional (todos extranjeros), y con el fin de obtener su posterior voto a la candidatura referida, ha comenzado a otorgar licencias de obras que durante mucho tiempo no se dieron o estuvieron paralizadas muchas por su presunta irregularidad".

En este sentido, la querella añade que coincidiendo con estas afiliaciones, "todas las semanas se otorgan extrañamente varias licencias de obras a vecinos de esta urbanización, de unas tres semanales de media a aumentando a unas 15, así son 21 en una comisión, 14 en otra semana, etcétera".

Como ejemplo, se da cuenta de concesiones para levantar un muro de la piscina o pavimentar con baldosas los alrededores de ésta, "cuando no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbana la construcción de piscinas en esta urbanización", apuntan.

Asimismo, se indica que dichas afiliaciones fueron avaladas, como se exige, por dos afiliados, pero uno de ellos, el concejal José Lino Rico, "dándose cuenta de lo que ocurría revocó todos sus avales por lo que el alcalde tuvo que garantizar personalmente a todas y cada una de las nuevas afiliaciones referidas".

Llegados a este punto, la querella resalta que en casi todas las fichas de afiliación se fija una cuota de 10 euros que conforme se expone en la forma de pago es al contado o con tarjeta. "Sin embargo -denuncian-, la asamblea local del Partido Popular no ha recibido en sus arcas cantidad alguna, ascendiendo lo indebidamente apropiado a más de 2.000 euros".

Junto a la querella se adjuntan las fichas de los nuevos afiliados -unos 250-, actas de la junta de gobierno local firmadas por el alcalde concediendo licencias de obras menores, la revocación de avales del concejal Juan Lino Rico y los avales emitidos por el querellado.