El PP modifica el PGOU para que obras como la de La Rosaleda sean legales

A. T. El equipo de gobierno de Alcoy aprobó ayer en solitario una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para permitir que actuaciones como la que en su día se llevó a cabo en La Rosaleda se ajusten a la legalidad. La variación de la normativa equipara las zonas verdes con los jardines urbanos de menor tamaño y, entre otros aspectos, elimina la obligación de mantener la rasante de la superficie. En caso de realizarse obras, el área tiene que restituirse con una capa de tierra de al menos 80 centímetros de espesor y especies vegetales.
Los tres grupos de la oposición votaron en contra de la propuesta de acuerdo, al considerar que esta modificación es una forma indirecta de tratar de evitar la ejecución del fallo judicial sobre La Rosaleda. La socialista Patricia Blanquer señaló que, para hacer cambios, "lo que se debe hacer antes es cumplir la ley", y lamentó el "insulto de intentar suavizar el contenido de la sentencia". Por su parte, el portavoz del Bloc, Francesc Blay, recordó que "un juez ya ha dicho que La Rosaleda es ilegal", y que esta medida es "agarrar la democracia si nos conviene". El líder de EU-L'Entesa, Francesc Agulló, preguntó al PP "cuántos aparcamientos tienen previso hacer con la nueva normativa urbanística" y criticó que no tengan "ninguna intención de asumir errores".
El popular Rafael Sanus replicó que "se regulan las zonas verdes y se dan más garantías a las construcciones urbanas", además de que hay más lugares que La Rosaleda que "no cumplen la normativa". El alcalde, Jorge Sedano, defendió esa plaza como un "gran acierto" que se ha convertido en uno de los principales "espacios de convivencia" de Alcoy.