Los afectados piden que los directivos de Caja de Alcoy ingresen en prisión

M. CANDELA Los afectados por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy van a solicitar el inmediato ingreso en prisión de los tres máximos directivos, después de que su condena sea firme tras el fallo promulgado por el Tribunal Supremo el pasado jueves, como se informó en la edición de ayer.
El Supremo ha ratificado la condenas de prisión para los dos máximos directivos, Jesús Llopis Ferrer y Mercedes Llopis, y ha incluido al hijo del primero y director de la sucursal, Jesús Lidiano Llopis, al entender que "participó activamente" en la "trama defraudatoria" para efectuar un alzamiento de bienes de la Caja de Alcoy. El primero tendrá que cumplir cuatro años de prisión y los dos restantes, tres.
El colectivo de afectados, que destaca la nueva condena impuesta por el Supremo, tiene previsto mantener el próximo martes por la tarde una reunión con su equipo jurídico, con el fin de analizar el fallo y analizar la estrategia a seguir en el futuro. No obstante, ya es posible anticipar que se está planteando como primera iniciativa la solicitud del inmediato ingreso en prisión de los tres condenados, atendiendo a que la sentencia ya es firme, aunque algunos de sus aspectos pueden ser objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes del colectivo consultadas por este diario han explicado que su voluntad es pedir apenas sea posible a la Audiencia que los antiguos directivos entren en prisión en un plazo breve. A este respecto, hay que apuntar que fuentes del Supremo han indicado que la sentencia será remitida a la sección tercera de la Audiencia de Alicante para su ejecución.
En segundo lugar, los antiguos clientes de la Caja de Alcoy quieren continuar con la búsqueda de responsabilidades entre los miembros del consejo rector. Las citadas fuentes indican que tras la absolución definitiva de los miembros del consejo rector, al haber considerado tanto la Audiencia como el Supremo que carecían de culpabilidad penal por la crisis de la entidad, se está estudiando iniciar la vía civil, en demanda de responsabilidades.
Para los afectados, "el consejo rector es responsable de lo que ocurrió porque no controló a los directivos", por lo que se plantea iniciar una demanda civil.