Ripoll dice que la investigación sobre las irregularidades en La  Pileta carece de fundamento

REDACCIÓN El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, manifestó ayer, en declaraciones a EFE, que es "lícito" que un juzgado abra investigación sobre el proceso urbanístico de La Pileta, en Ibi, si bien ha manifestado que la denuncia parece no tener "fundamento". Estas afirmaciones son muy similares a las que efectuó anteayer al ser preguntado por la imputación de la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe.
Tras presentar el anteproyecto del Museo de la Historia de la Villa en Monforte, Ripoll expresó su confianza en que "la buena relación que ha vuelto al grupo municipal" del PP de Ibi lleve a que la denuncia interpuesta por una promotora inmobiliaria por supuestos cobros irregulares de comisiones queden sin "fundamento". El también presidente del PP de la provincia de Alicante se ha referido así a los indicios de delito que la Fiscalía Anticorrupción ha visto en los hechos denunciados por una promotora inmobiliaria en relación con los supuestos cobros que recibían técnicos municipales de Urbanismo por el asesoramiento en la tramitación de proyectos.
El fiscal remitió en calidad de denuncia al Juzgado Decano de Instrucción de Ibi las diligencias de investigación, al considerar que "incidiariamente" los hechos denunciados por la promotora son constitutivos de delito.
De este modo, el presidente de la Diputación ha indicado que el grupo municipal del PP ha establecido "los cauces de diálogo adecuados" para que la denuncia se desestime y la formación política "vuelva a trabajar unida".
El portavoz del PP de Ibi, Miguel Ángel Agüera corroboró la buena relación y buen ambiente entre los miembros populares del gobierno municipal. Asimismo, preguntado sobre si existía algún avance en torno al regreso de la edil Felicidad Peñalver al grupo popular, señaló que no sabía nada del asunto. La concejal permanece expulsada.
Por su parte, el grupo municipal del PSOE denunció ayer que el PP le negó el acceso "a la relación de los gastos (y sus justificantes)" efectuados por los concejales del gobierno local desde 2005, pese haberse autorizado por silencio administrativo. El edil Arturo Doménech intentó ayer consultar la documentación, pero "le ha sido imposible ya que el interventor se encuentra de vacaciones y el técnico afirma no saber nada".