El grupo inmobiliario Luxender SL, actualmente en proceso de concurso de acreedores (suspensión de pagos) tiene pendiente de ejecutar el 34% de las obras de urbanización del área de Serelles, según consta en un informe del Ayuntamiento de Alcoy, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.

El pasado 27 de octubre, como se viene informando, Luxender presentó solicitud de suspensión de pagos, acuciada por un pasivo de más de 30 millones de euros, que fue admitida más tarde por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante.

La actuación más importante que el grupo tenía entre manos era la urbanización y edificación de hasta 1.500 chalés en el área de Serelles, un proyecto que generó honda contestación en Alcoy.

En el momento de la suspensión, Luxender no había concluido ninguna vivienda, las obras de urbanización estaban inacabadas y las medidas complementarias -principalmente, un puente y un depósito de aguas-, pendientes de ejecución.

La realidad de las obra de urbanización ha sido cuantificada ahora por el Ayuntamiento, a través de un informe de la Secretaría, remitido al Ayuntamiento. En concreto, este dictamen refleja que la última certificación emitida por la dirección de la obra se efectuó el 25 de febrero de 2008, en la que se dejaba constancia de que "estaban pendientes de ejecución el 34% de las obras, no constando certificaciones posteriores que los servicios técnicos municipales puedan fiscalizar, en su caso".

En el referido informe, además, se subraya que Luxender ha aportado el aval correspondiente al 10% de las cargas de urbanización del programa, en la cantidad de 1.295.851 euros, así como "cada una de las cuotas correspondientes a los distintos propietarios del sector".

Esta documentación ha quedado ahora unida al expediente de la declaración concursal. Cabe recordar, como se informó recientemente, que este proceso ha estado marcado también por la dimisión del auditor que forma parte de los administradores de la sociedad.

Exigencia en las Cortes

La polémica en torno a esta urbanización llegará a las Cortes Valencianas de la mano de la diputada de Iniciativa, Mireia Mollá. Esta parlamentaria ha presentado una batería de preguntas a la Conselleria de Medio Ambiente, exigiendo que la empresa constructora cumpla con las actuaciones previstas dentro de la declaración de impacto ambiental de esta obra, que afecta al parque natural de la Sierra de Mariola. Mollá recuerda que la empresa no ha hecho las repoblaciones exigidas, ni tampoco el programa de vigilancia ambiental.