La batalla en el Ayuntamiento de Ibi, dirigido por la campista Maite Parra, ha llegado, finalmente, a los juzgados. Una denuncia presentada por el grupo municipal socialista en la Fiscalía del TSJ de la Comunidad, acompañada de abundante documentación, desvela la existencia de pagos con dinero público obtenido de la recaudación del polideportivo municipal en viajes, supermercados, comida y ropa. El escrito, presentado el pasado 10 de febrero en el registro del Ministerio Público, apunta a la creación de una "caja b" con los ingresos del polideportivo -sólo llegaba al banco apenas una quinta parte del total de lo que se recaudaba por el uso de las pistas municipales, de acuerdo a la documentación- que la edil del PP, Ana Sarabia, responsable de Deportes, dedicaba, incluso, a realizar abonos de obras municipales en facturas sin reflejar el IVA.

Después de tres meses de convulsiones internas, que se iniciaron con la división del PP ibense entre campistas y ripollistas en el congreso provincial, la investigación de la Fiscalía pone un punto más de tensión a la situación. La clave, según los datos que aporta la denuncia y la documentación que obra en poder de este periódico, está en las cuotas que el Ayuntamiento de Ibi cobra por el uso de las pistas municipales. Las cantidades que se ingresan en el banco suelen ser inferiores a las que realmente se recaudan. Entre los papeles que obran en poder de la Fiscalía figura, por ejemplo, la liquidación de los ingresos del polideportivo correspondientes a enero de 2007. Se recaudaron 11.268 euros pero sólamente se ingresaron en las cuentas municipales 2.544.

Ese remanente mensual, apunta la denuncia en poder de la Fiscalía, permitía a la edil Ana Sarabia disponer de una serie de fondos para realizar pagos y abonos saltándose los cauces habituales y sin ningún tipo de control por parte de la intervención municipal. Para poder "cuadrar la caja", apunta el texto de la denuncia, entre las facturas que obran en poder de la Fiscalía y también de este periódico, aparecen justificantes de compra en supermercados -concretamente dos- en el que, entre otros artículos, aparecen macarrones, garbanzos, botellas de whisky, bebidas alcohólicas, rollos de papel higiénico, harina, arroz, ketchup, nocilla o, incluso, una bandeja para un horno, entre un sinfín de cosas más; de un frigorífico en una tienda de electrodomésticos; el pago de 90 menús en un restaurante a 21 euros el cubierto; prendas de ropa; o abonos, sin ningún tipo de control, de gastos correspondientes a viajes a Santiago de Compostela o a Sierra Nevada.

Como consta en dos de los documentos remitidos a la Fiscalía, la propia edil Ana Sarabia se "autoabonó" un total de 1.300 euros, divididos en dos recibos sin sello municipal, por un viaje, en plenas vacaciones de verano, al camino de Santiago entre los días 1 y 11 de agosto. La concejal cobró, siempre de acuerdo a los extractos que obran en poder de este periódico, mil euros por los gastos de alojamiento y otros 300, a través de un segundo recibo, "por la compra en el camino de Santiago de comida, café, azucar, bebidas isotónicas, etc". En ese mismo viaje, de acuerdo a las facturas que obran en poder de la Fiscalía, la edil fichó a su marido como monitor del viaje. También constan pagos por otros conceptos a otros familiares.

Igualmente, entre la documentación, aparece un pago por un viaje a Sierra Nevada con un grupo del Ayuntamiento de Ibi por valor de cuatro mil euros. No se especifica nada más. Es una de las pocas facturas que investiga el Fiscal que se han abonado con IVA. Precisamente, entre la documentación más llamativa que se ha remitido al Ministerio Público, aparecen ocho abonos, a lo largo del año 2007, avalados por la firma de la mencionada concejal Ana Sarabia, en concepto de trabajos de albañilería en instalaciones deportivas de Ibi y también en el cementerio municipal. Ninguno de los pagos incluye la referencia al IVA y se abonan en concepto de gratificación por una serie de trabajos de albañilería.

Son cantidades que, en total, suman 12.246 euros -alrededor de dos millones de las antiguas pesetas- y que se abonan puntualmente cada mes. Sin embargo, ninguno de los ocho recibos tiene la misma firma a pesar de que, en teoría, se abonan a una misma persona con un número similar de DNI. La denuncia presentada en la Fiscalía por los concejales del grupo municipal socialista apunta que la diferencia entre las rúbricas "induce a pensar que cada vez recoge el dinero una persona diferente".

En el escrito se solicita a la Fiscalía que comparezcan como testigos el gerente del polideportivo, Antonio López Belda; Miguel Ángel Agüera, concejal de Hacienda entre los años 2003 y 2007 y presidente local del PP; y la edil Felicidad Peñalver, responsable de las finanzas municipales desde las elecciones de mayo de 2007 hasta hace unos meses. Como se recordará, en el origen del conflicto, está el apoyo de la citada Peñalver a Joaquín Ripoll en el congreso provincial del PP que acabó propiciando su expulsión del grupo municipal popular y un cruce de declaraciones con acusaciones de irregularidades.

"La concejal dio orden expresa de quemar documentos"

En la denuncia, los concejales socialistas relatan al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, Ricard Cabedo, sus dificultades para acceder a la documentación original. De hecho, reconocen que las facturas que adjuntan son copias de los originales. Los ediles del PSPV solicitan que se actúe con la máxima "celeridad" posible porque, apuntan, podría perderse documentación original que fundamenta las irregularidades que, según los socialistas, se sometieron en ese departamento dado que, apuntan, el funcionario está sometido "a una fuerte presión". ¿Motivo de la celeridad? La destrucción de pruebas. El parrafo de la denuncia, textualmente, así lo recoge: "A este respecto hemos de destacar que la citada concejal parece ser que dio orden expresa de quemar la documentación que ha servido de base para fundamentar el presente escrito. Sin embargo, todo apunta a que el Gerente del Polideportivo, desoyó la citada orden y ha ocultado y tiene bajo su custodia la documentación original íntegra y de la que nosotros sólo poseemos una parte". Los socialistas consideran que la edil podría haber incurrido en un supuesto delito de malversación de caudales públicos e instan a la Fiscalía a solicitar al consistorio todas las facturas originales.