El caso de nunca acabar

M. CANDELA El caso de la Caja de Crédito de Alcoy lleva camino de eternizarse, toda vez que el próximo mes de julio se cumplirán 16 años desde que la entidad financiera entrara en una crisis que la acabó abocando a su desaparición, y a que 1.500 ahorradores perdieran sus depósitos. Justo hoy, se cumple un año desde que se iniciara el juicio oral en la Audiencia de Alicante, un momento en el que todas las partes aguardan con expectación a que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de los recursos de casación planteados.

La sección tercera de la Audiencia protagonizaba, el 22 de enero del año pasado, el momento más esperado por el colectivo de afectados: el inicio de la vista oral por la suspensión de pagos y posterior quiebra -calificada como fraudulenta por el mismo órgano judicial en su momento- de la Caja de Crédito de Alcoy. Alrededor de 1.500 personas, en su inmensa mayoría de economía modesta, se quedaron sin sus ahorros, cuantificados en unos 3,7 millones de euros, en dinero de 1993. En el banquillo de los acusados se sentaban el director general de la Caja de Alcoy, Jesús Llopis Ferrer; la subdirectora general, Mercedes Llopis Candela; y el director de la sucursal e hijo del primero, Jesús Lidiano Llopis; además, siete miembros del consejo rector, acusados por los antiguos clientes de la entidad.

La vista oral se prolongó hasta el 13 de febrero, incluyendo, como se recordará, algunas protestas en el exterior de la Audiencia por parte del colectivo de afectados. Finalmente, la Audiencia condenó a Jesús Llopis a 4 años de prisión y a Mercedes Llopis a 3, al considerarlos culpables de un delito de quiebra fraudulenta (insolvencia punible); en cambio, les absolvió del de apropiación indebida. Además, deberán pagar indemnizaciones entre 2,6 y 2,8 millones de euros. Las penas se vieron reducidas al estimar la sala la existencia de una dilación indebida en la tramitación del sumario.

La sala absolvió a Jesús Lidiano Llopis, al considerar que el delito que se le podría imputar habría prescrito, al igual que a los siete miembros del consejo rector procesados, por entender que ninguno tuvo responsabilidad penal en la desaparición de la Caja de Crédito de Alcoy.

La sentencia ha sido objeto de múltiples recursos de casación ante el Tribunal Supremo, de los cuales sólo se sabe en estos momentos que se han desestimado los dos de apelación que presentó la defensa de Jesús Llopis; el último, fue descartado el pasado 10 de diciembre, siendo éste el último acto judicial en torno a este proceso. Fuentes del Supremo han señalado a este diario que todos los demás recursos están "en estudio", y que no se prevé que el plazo para el pronunciamiento definitivo sea muy amplio. Cabe señalar que los recursos se formalizaron de manera efectiva a finales de julio de 2008.

Los afectados, por su parte, han expresado su disconformidad con la absolución de Jesús Lidiano Llopis y de los siete miembros del consejo rector, así como de la aplicación de la atenuante de dilación indebida, con la consiguiente rebaja de penas a los dos condenados. "Nosotros no tenemos la culpa", ha afirmado en numerosas ocasiones su portavoz, Enrique Rodes. Por su parte, el fiscal interesa la condena de Jesús Lidiano Llopis, pero no se dirige contra los miembros del consejo rector. Las defensas, obviamente, han formalizado recursos de casación para la absolución de sus defendidos, impugnando los argumentos de la acusación y la Fiscalía.

Los afectados por la quiebra celebraban la pasada semana, según ha podido saber este diario, una asamblea en el centro social de la Zona Norte, en el transcurso de la cual recibirían información detallada sobre la situación del proceso por parte de sus abogados. El colectivo confía en que haya una pronta resolución del Supremo y, además, que se recojan sus argumentos, en forma de más condenas.