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EFE Felicidad Peñalver destacó que ha recibido un escrito, con fecha del pasado 9 de enero, en la que la secretaria accidental del Ayuntamiento de Ibi le comunica "la decisión adoptada por parte nueve de los componentes del citado Grupo Municipal de expulsión".
La concejala rechazó los motivos alegados por sus compañeros de grupo y opinó que el "detonante final de esta situación" ha sido su incorporación a la ejecutiva provincial del PP, por lo que ha impugnado "mediante la presentación de un recurso de alzada" la decisión y los motivos de su expulsión del Grupo Municipal Popular.
Además, comunicará al PP "todo lo anteriormente detallado en el expediente informativo instruido por la Dirección Provincial al objeto de esclarecer toda la verdad y que la ciudadanía de Ibi conozca la realidad de los hechos".
A su modo de ver, "una decisión como la expulsión no puede ser calificada sino como antítesis de cualquier signo democrático, más bien dictatorial". Según la concejala, "la democracia interna brilla por su ausencia en el Grupo Municipal Popular, que no acepta en modo alguno la crítica interna ni escuchar las demandas de nuestro pueblo".
"No puedo mirar hacia otro lado y compartir tales prácticas desgraciadamente habituales en el seno del grupo municipal popular. Disiento y no puedo resignarme a que las decisiones que afectan a nuestro pueblo sean tomadas por una minoría del grupo y el resto no tengamos conocimiento ni una oportunidad de manifestarnos sobre las mismas, ni hagamos partícipe al resto de afiliados del Partido Popular ni a la ciudadanía ibense", apostilló.
Respecto a los motivos de su expulsión, el escrito firmado por sus compañeros, estos aducen que ha actuado "deliberadamente contra los intereses del grupo municipal popular", aunque, según rebatió Peñalver, este es "un motivo genérico que no ha sido objeto de concreción". Según aseguró, ha "guardado escrupulosamente silencio sobre determinadas cuestiones internas" sobre las que ha "discrepado profundamente".
Peñalver, quien renunció "voluntariamente" el pasado mes de octubre a todas sus delegaciones, así como a la tenencia de alcaldía y las prestaciones económicas inherentes, rechazó así haber "utilizado su cargo para intereses personales" y tachó la acusación de "falsa" y "grave".
De hecho, anunció que, en "caso de no existir una disculpa pública sobre tal afirmación", ejercerá "las oportunas acciones judiciales por la comisión de un presunto delito de injurias y calumnias".
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