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IBI

El Síndic exige a la alcaldesa que facilite documentación al PSOE

La resolución da la razón a los socialistas en las quejas planteadas por la negativa del gobierno municipal del PP a entregarles esta legislatura 16 informes municipales

 
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M. VILAPLANA El Síndic de Greuges ha solicitado a la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, que facilite la documentación que le ha sido denegada al grupo municipal del PSOE a lo largo de esta legislatura. La resolución se basa en una queja formulada por los socialistas, que acusan a la primera edil de estar ocultando información en temas referidos a urbanismo, proyectos municipales, temas económicos y laborales, sentencias judiciales e inspecciones.
El portavoz socialista, Antonio Martos, explicó ayer que el gobierno municipal ha denegado durante esta legislatura al PSOE un total de 16 documentos, a pesar de que han sido solicitados de forma reglamentaria.
Los documentos denegados son diversos. Destacan informes referidos al Teatro Río, inspecciones en edificios municipales, un recurso contra la catalogación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, gastos para cubrir préstamos solicitados o contratos a personas que han prestado sus servicios al Consistorio. El PSOE también ha solicitado sin éxito información sobre la situación de los pozos de agua potable, la relación de los profesionales externos que facturan al Ayuntamiento, instalación de actividades en la zona de ocio y documentación relativa a la desestimación de la financiación de la escuela infantil laboral.
Los socialistas decidieron presentar una queja formal ante el Síndic de Greuges, que según señalaba Martos ayer, les ha dado la razón ahora en su reivindicaciones solicitando a la alcaldesa que facilite la documentación.
El portavoz del PSOE señaló que "hay muchas dudas sobre determinadas actuaciones y decisiones decretadas por la alcaldesa. Dudas que se alimentan y se justifican cuando tratan de ocultar en el cajón los documentos que, tal como ha reconocido el Síndic, deben ser públicos para todos los concejales".
En la resolución del Síndic, añadió Martos, se argumenta que "un cargo electo no debe encontrar obstáculos para el desarrollo ordinario de su función, pues de otro modo se vulneraría su derecho a ejercer la representación política, al impedir la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos".

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