M. VILAPLANA
Una quincena de propietarios afectados por la urbanización del Alamí en Ibi protagonizaron ayer un acto de protesta en el Ayuntamiento para exigir la devolución de los avales aportados en su día, y que en su conjunto ascienden a cerca de un millón y medio de euros. El gobierno municipal, por su parte, asegura que ya se ha devuelto el 70% del total de los avales.
El representante legal de los propietarios explicó a este periódico que vienen solicitando desde el pasado mes de julio la devolución de los avales exigidos por el Ayuntamiento para garantizar el pago de las cuotas de urbanización. El colectivo asegura que tienen derecho a esta devolución desde el mismo momento en que se inscribió la reparcelación de la zona. Sin embargo, su solicitud aún no ha sido atendida, aún a pesar de haber mantenido distintas reuniones con representantes del gobierno municipal.
Los propietarios, asimismo, denuncian que el Ayuntamiento ha entregado dichos avales a la empresa urbanizadora La Generala, cuando tendrían que estar depositados en el mismo Consistorio, y que ésta los está intentando cobrar a los bancos. De hecho, aseguran que se está ofreciendo un trato de favor a la empresa, dado que afirman, entre otras cuestiones, que ya ha cobrado la tercera de las cuatro cuotas de pago, cuando el pasado mes de septiembre tan sólo había ejecutado el 50% de la obra.
También denuncian que La Generala no ha construido el pabellón ni la ampliación de la Avenida del Juguete, actuaciones ambas a las que se comprometió al plantearlas como mejoras en la licitación.
Ayer acudieron al Ayuntamiento para mostrar su protesta y solicitar explicaciones al tesorero municipal.
Por su parte, el concejal Miguel Ángel Agüera manifestó que los avales están en manos de la empresa, "que es la que está urbanizando", y que va devolviéndolos a medida que los cobra. De hecho, aseguró que en la actualidad ya se ha devuelto el 70% de los avales.
Respecto a las críticas de los propietarios, en el sentido de que los avales tendrían que estar depositados en el Consistorio, Agüera señaló que "son para garantizar el cobro de la cuota de urbanización, y lo lógico es que estén en manos de la urbanizadora, que actúa en representación del Ayuntamiento".