El Ayuntamiento plantea al TSJ demoler parte de la superficie de la Rosaleda

M. CANDELA El Ayuntamiento de Alcoy ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) derribar una parte de los elementos urbanísticos de la superficie de la Rosaleda, para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la obra de remodelació de la plaza para la construcción del parking subterráneo. Como se recordará, el fallo dictó que la desaparición de la zona verde era contraria al PGOU vigente.
Pese a que el Ayuntamiento apeló esta última sentencia al Tribunal Constitucional, la Colla Ecologista La Carrasca reclamó al TSJ su ejecución forzosa debido a que el consistorio "incumpliendo su obligación, no había restaurado voluntariamente la zona verde". El alto tribunal valenciano admitió la petición, según explicaron ayer fuentes del colectivo ecologista, y solicitó al Ayuntamiento el detalle de las medidas adoptadas para hacer efectivo el fallo.
En este sentido, el TSJ acaba de trasladar a La Carrasca un informe de la Oficina de Arquitectura del Ayuntamiento, en la que se definen las posibles acciones a ejecutar. Esta propuesta, "pretende reponer la zona verde o espacio libre alterado" al estado anterior a las obras, para lo cual "se ha procedido a potenciar la presencia de arbolado en la plaza, eliminando todos los elementos arquitectónicos posibles, con el fin de que el espacio urbano resultante vuelva a concebirse como una zona verde ajardinada y no como una plaza sin apenas vegetación".
En este contexto, se propone eliminar la estructura metálica recayente a la calle del Cid, así como las dos cubiertas triangulares de acceso y salida al aparcamiento y un metro de todo el antepecho de la plaza, que se sustituirá por una barandilla metálica, mucho más ligera. También se sugiere derribar la escalera que linda con la calle Cid, la sustitución de los dos tramos laterales de la escalinata principal por jardineras y la mejora del alumbrado público.
El plan municipal, además, plantea alternativas para "reconvertir" la plaza en zona verde, a través de la plantación de dos hileras de árboles en la parte de la calle Cid; la construcción de "pequeñas marquesinas que impidan la entrada de agua de lluvia al aparcamiento" y que reemplacen las construcciones triangulares; la habilitación de una "gran jardinera" también en la parte superior; la colocación de "tres parterres que contengan pradera de césped" en la parte inferior, que habiliten "una barrera física que proteja del tráfico rodado y permita disfrutar de la plaza desde la calle o desde puntos más alejados".
Así, se considera que se "compatibiliza" la zona verde con el aparcamiento, "primando el tráfico peatonal". Aparte, según sus cálculos, la plaza pasará a contar con 718,75 metros cuadrados de zona verde, lo que a juicio del Ayuntamiento cumple las exigencia del PGOU. La Carrasca rechaza de plano esta propuesta.

Primer gran proyecto del gobierno del PP

La reurbanización de la plaza de la Rosaleda y la habilitación de un parking subterráneo fue el primer gran proyecto del gobierno del PP, tras su constitución en el verano de 2000. Bajo la dirección del entonces alcalde Miguel Peralta, se impulsó la actuación, que tuvo amplia contestación social, pero que se consumó con celeridad, inaugurándose en 2003. La Carrasca decidió apelar a los tribunales y en 2005 el TSJ le daba la razón, ordenando la reposición de la plaza a su estado anterior. El Ayuntamiento recurrió en casación al Supremo, que en 2007 confirmó la sentencia. Posteriormente, el gobierno del PP decidió apelar al Constitucional -alegando indefensión- cuyo pronunciamiento todavía no se ha producido. Mientras tanto, La Carrasca decidió pedir la ejecución forzosa de la sentencia, proceso que está actualmente en tramitación. El Ayuntamiento consignó una partida de 125.000 euros en el presupuesto de este año para el caso que se tuviera que intervenir urbanísticamente en la plaza. No se descarta que esta cifra pueda ampliarse con otra de cara a la previsión económica de 2009.