El TSJ admite un recurso contra la adjudicación del nuevo polígono

M. CANDELA El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de la sala de lo contencioso-administrativo, ha admitido a trámite un recurso contra el proyecto del nuevo polígono industrial de Ibi, que superará el millón de metros de superficie y que fue adjudicado por el Ayuntamiento en el pleno del 27 de agosto de 2007. Fuentes municipales han señalado a este diario que esta iniciativa judicial no paraliza el desarrollo del polígono, pero puede contribuir a complicarlo.

El Ayuntamiento, en el pleno referido, aprobaba el desarrollo de este polígono, que implica la prolongación de l'Alfaç hasta el límite con el término municipal de Castalla, y configurando el principal programa de expansión industrial ibense para los próximos años.

Un propietario de terrenos, sin embargo, al parecer disconforme con el proceso de tramitación y adjudicación de este polígono (oficialmente, el PAI del sector NP-I5), presentó un recurso de reposición ante la Alcaldía de Ibi, que fue desestimado mediante un decreto del pasado 17 de diciembre. Ante esta negativa, el interesado elevó un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo ante el TSJ, que ha sido admitido a trámite. De hecho, el tribunal ya efectuado las primeras actuaciones, habiendo requerido en este sentido al Ayuntamiento la remisión del expediente administrativo.

Por otro lado, el consistorio, según resolución de la alcaldesa Mayte Parra, ha decidido personarse en el proceso, para lo cual ha formalizado ya el nombramiento de una abogada y otorgado representación procesal a un procurador, a la par que decretada la remisión del expediente solicitado.

Este PAI, cuya urbanización implicará un desembolso de unos 18 millones de euros, según las fuentes consultadas, prevé actuar en una superficie de alrededor de 1.100.000 metros cuadrados, de los que 600.000 serán para parcelas industriales. El Ayuntamiento formalizó la adjudicación a la firma Intersa, debido a que su alternativa técnica era "la única que cumplía los requisitos" exigidos, según declaró en su momento el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera

Desde el gobierno del PP se destacaba que la actuación tiene el apoyo de una Agrupación de Interés Urbanístico que congrega al 95% de los propietarios de suelo, lo que, en teoría, allanaba el camino al proyecto. La previsión no se ha cumplido y el recurso, según las fuentes consultadas, puede contribuir a complicar un proceso bastante dificultado por la crisis económica. De hecho, las obras aún no han comenzado.