M. CANDELA
La planta de transferencia de basuras de Sembenet, en Alcoy, ha empezado a operar con total normalidad, debido a que la urbanización y asfaltado de los accesos está prácticamente terminada, una actuación que se ha consumado cuando han transcurrido más de cinco años y medio desde su inauguración.
Hasta hace pocos días, como subrayaba ayer el concejal de Medio Ambiente, Santi Botella, la planta tenía problemas para desarrollar su actividad, debido a que los camiones no podían acceder al recinto en épocas de lluvia, lo que obligaba a desviar los residuos hasta la planta de basuras. El edil resaltó que el Ayuntamiento ha estado instando que las obras en los viales y de urbanización concluyeran cuanto antes, algo que se ha logrado recientemente, "por lo que estamos muy satisfechos", afirmó.
La instalación de Sembenet disponía de los viales provisionales que se habilitaron con su apertura, a principios de 2003, con los que ha venido operando desde entonces; se trata de un camino de tierra que suele convertirse en un barrizal que impide el paso de los camiones.
Ahora, como se informó en su momento, la urbanización del anexo polígono industrial de El Clérigo incorpora también los viales que conducen hasta la planta de basuras. En estos momentos, según detalló el edil de Medio Ambiente, "está ya completada la primera capa de asfalto, por lo que se puede operar con normalidad".
Santi Botella indicó que había trasladado su inquietud a las dos empresas responsables de la urbanización, el grupo Erum y Pérez Aura, con el fin de que "los viales y la urbanización se acabaran cuanto antes".
La previsión inicial era de que los accesos a la planta estuviesen listos a principios del verano, pero la actuación se ha retrasado al final más de lo previsto.
La planta de basuras de Sembenet, además, está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, determinante sobre su futuro. La Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento decidieron instalar la planta comarcal de transferencia de basuras en Sembenet. Los vecinos de la zona denunciaron de inmediato que la instalación incumplía el PGOU, produciéndose más tarde una recalificación, y que estaba situada a menos de dos kilómetros del casco urbano.
Cuatro sentencias judiciales la han declarado hasta el momento ilegal, y a pesar de que el Ayuntamiento ha concedido tres licencias de instalación, todo está pendiente de un recurso de los vecinos al Tribunal Supremo.
De ratificarse su ilegalidad por el alto tribunal, podría decretarse su demolición, que es el objetivo último que persiguen los vecinos de la zona, lo que obligaría a buscar una nueva instalación de residuos para la comarca.