L´Entesa critica al gobierno municipal del PP por pagar obras a plazos

L'Entesa de Alcoy ha emitido un comunicado en el que critica al gobierno municipal del PP por asumir infraestructuras viarias a través de pagos aplazados a 10 y 20 años.

M. V. El secretario de esta formación, Josep Fuster, afirma que esta práctica evidencia la "incapacidad" del gobierno de Sedano para conseguir subvenciones de otras administraciones públicas.
Fuster señala en la nota que la necesidad de inversiones en dotaciones e infraestructuras en la ciudad "está más que demostrada", especialmente en materia de comunicaciones entre los barrios. El representante de L'Entesa pone como ejemplo el bulevar, el puente de la Zona Norte-Viaducti, el puente de Batoy o la reordenación de la estación de ferrocarril y autobuses.
Según Fuster, para resolver estas deficiencias y ante la falta de recursos, el gobierno municipal ha decidido aplicar la fórmula "contrato de colaboración entre el sector público y privado", a través del cual, afirma, "una empresa realiza las obras y el Ayuntamiento la paga en forma de peaje a la sombra durante un periodo de 10 o 20 años, haciéndose cargo las arcas municipales de todos los sobrecostes e intereses que pueda generar el aplazamiento".
El secretario de L'Entesa considera que esta alternativa "es un indicador muy preocupante, que evidencia la incapacidad del gobierno municipal del PP de conseguir recursos de la Generalitat o del Gobierno Central, que al final la pagan los ciudadanos".
Josep Fuster recuerda la "incidencia" que está teniendo el "inadecuado" adelanto de los pagos del Teatro Calderón y los juzgados, "que han paralizado las inversiones en la ciudad e incluso han reducido el mantenimiento de los servicios básicos. "El Ayuntamiento -afirma-, además de estar desempeñando el papel de empresa promotora que cobrará al final, inmovilizando los recursos necesarios para otras cosas, está pagando los intereses que se derivan del retraso en el cobro del dinero de la Generalitat".
Fuster, por último, considera "peligroso y arriesgado" poner en marcha estas iniciativas, con un condicionamiento económico de hasta 20 años, "en una ciudad sin PGOU, donde no están definidas las prioridades".