El Consell concede ayudas para la finca que compró  el ex alto cargo de Territorio

J.LL. La Conselleria de Medio Ambiente ha concedido dos subvenciones, por un valor conjunto de 9.880 euros, para diferentes actuaciones de mejora en la finca que compró en la Sierra de Mariola el ex subsecretario de Territorio, Ramón Doménech. Estas ayudas aparecían el DOGV de ayer y se otorgaban a nombre de la esposa del ex alto cargo autonómico. Esta situación era denunciada por el PSPV, cuyo diputado autonómico Amando Vilaplana no dudaba en calificar de "inmoral" la medida, anunciando que presentará una batería de preguntas sobre el tema en las Cortes Valencianas.
Estas ayudas aparecen incluidas dentro de un plan de subvenciones para la mejora sociambiental de espacios naturales protegidos. Para esta finca en concreto, ubicada en el término municipal de Alcoy, se otorga una primera subvención de 8.680 euros para obras de mejora de los márgenes de piedra. Asimismo, se otorga una segunda ayuda de 1.200 euros para mejora de comunidades de fauna, que servirá para plantear determinadas especies vegetales que sirven para las perdices.
El diputado Amando Vilaplana afirmaba ayer "que no cuestionamos la legalidad de estas ayudas, pero consideramos que éticamente son inmorales". El dirigente socialista criticaba que una Conselleria de la que Doménech era alto cargo hace sólo año y medio, le otorgue ahora este tipo de ayudas. El PSPV ha decidido presentar una pregunta sobre este tema al actual conselleria de Medio Ambiente, con el fin de recabar información sobre los criterios que se han seguido para otorgar las subvenciones. Amando Vilaplana afirmaba que "tenemos dudas sobre si existe algún tipo de incompatibilidad". Finalmente, indicó que este tipo de ayudas servirán para revalorizar la finca.

Tormenta política en 2006

La compra de esta finca, el Mas de Miró, por parte de Ramón Doménech provocó una auténtica tormenta política en el año 2006. En primer lugar, se acusó al entonces ssubsecretario de Territorio de haber conseguido los terrenos a bajo precio, tras cerrar una operación con un grupo de entidades religiosas. Asimismo, también hubo denuncias de información privilegiada, ya que la finca estaba situada junto a unos terrenos en los que se proyectaba un campo de golf y una urbanización con 500 chalés, que debían ser aprobados por la Conselleria.