Los jugueteros piden mejoras en la normativa sobre seguridad

REDACCIÓN La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes subrayó ayer la necesidad de que la futura directiva europea sobre la seguridad de los juguetes ofrezca mejores recursos para su aplicación que la actual y se ajuste a los nuevos modelos de productos lúdicos para los niños. Su presidente, José Antonio Pastor, mantuvo ayer un encuentro de trabajo en Alicante con la directora general de Consumo, Etelvina Andreu, con el fin de aunar objetivos ante la propuesta de reforzar la actual directiva sobre seguridad del juguete, que data de 1988. De hecho, la responsable gubernamental se comprometió a defender la postura de los jugueteros españoles ante la UE.
La futura norma deberá ser "lógica y aplicable", ha manifestado Pastor en rueda de prensa, en la que ha abogado por una disposición que contenga instrumentos para su correcta aplicación. Tras apuntar que la intención de la Comisión Europea (CE) es presentar la propuesta antes de fin de año, Pastor ha manifestado que el objetivo es endurecer los términos de la actual directiva y actualizarla a los nuevos productos. Entre otras cuestiones, la patronal española exige que la nueva normativa no sea diferente en materia de sustancias químicas a la directiva Reach, aprobada recientemente.
Por su parte, Andreu ha subrayado que, al margen de la seguridad, los productos de mala calidad son "un fraude para el consumo y una competencia desleal para las empresas". En este sentido, la lucha contra las mercancías que incumplen la norma europea destinadas a la infancia, uno de los sectores más vulnerables de la población, ha llevado a las autoridades del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Agencia Tributaria a implementar sus medidas de vigilancia en las fronteras. Ambas entidades firmaron recientemente un convenio para coordinar mejor sus actuaciones en este ámbito
De esta forma, el Instituto Nacional de Consumo (INC) informará a Aduanas de las empresas que importaron productos alertados durante los dos últimos años, para extremar la inspección sobre las que son "reincidentes" y evitar que esquiven las directivas europeas cambiando su razón social así como otros datos identificativos.