M. CANDELA
El pleno del Ayuntamiento de Alcoy acordó ayer, por unanimidad, dedicar una plaza de la zona de Embajador Irles a las víctimas del terrorismo, en lo que implicaría un homenaje institucional que incorporaría la colocación de una placa conmemorativa.
El acuerdo partió de una propuesta de los grupos de PP y PSOE y no estuvo exenta de debate y polémica; de hecho, se llegó a aceptar una propuesta de l'Entesa que consideró que se producía un exclusión de grupos terroristas e incluso de víctimas. Este planteamiento fue aceptado por los proponentes, de manera que el texto pasó a hacer referencia a "todas las víctimas y todos los terroristas". Esta mención provocó la retirada de los nombres de las cinco organizaciones terroristas que figuraba inicialmente.
No fue estimado, en cambio, el planteamiento del Bloc de que se habilitara un monumento a las víctimas; esta formación, además, fue crítica con el texto de la moción, al que también puso algunos reparos L'Entesa. Esto provocó que el alcalde Jorge Sedano afirmara que "siento vergüenza como español".
A consecuencia del acuerdo, la plaza de nueva urbanización situada en la parte inferior de Embajador Irles se denominará "Víctimas del terrorismo", configurando de esta forma "un reconocimiento institucional del valor humano". En la inauguración, de acuerdo con el texto de la moción, se colocará una placa en homenaje al "sufrimiento, falta de atención y papel en defensa de las libertades" de las víctimas del terrorismo.
Por otro lado, el alcalde explicó, en respuesta a una batería de preguntas del portavoz de l'Entesa Paco Agulló, que las gestiones efectuadas ante la Generalitat Valencian sobre el caso Ardystil y el pago de los gastos judiciales a los afectados han consistido en una conversación con la secretaria autonómica de Justicia.
Sedano, como se recordará, anunció que recibiría a una representación de los afectados después de que el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps declinara hacerlo durante una visita a Alcoy.
El alcalde resaltó que "no ha habido incumplimiento de la Generalitat" hacia los afectados, ya que ha efectuado "un desembolso importante", en referencia a las indemnizaciones judiciales. En cuanto al pago de los gastos del proceso judicial, dijo que "se está estudiando otra vez" y que dependerá de los servicios jurídicos.
El pago fue aprobado por las Cortes en 1993, pero ahora la Generalitat -como adelantó este diario- se ha opuesto en el marco del proceso judicial.