M. CANDELA
Los vecinos de la zona de Sembenet, en Alcoy, van a recurrir de nuevo ante los tribunales la concesión de la licencia de instalación de la planta comarcal de transferencias de basuras, otorgada la semana pasada por el Ayuntamiento, al considerar que es ilegal, al igual que las dos anteriores que fueron anuladas en la vía judicial, según ha podido saber este diario. La Junta de Gobierno formalizó la pasada semana la concesión definitiva de funcionamiento para la planta de transferencia de basura de Sembenet, una medida destinada a que la instalación pueda operar con normalidad y finalice el período de pruebas. Se da la circunstancia de que los vecinos de Sembenet ya impugnaron ante los tribunales las dos autorizaciones municipales anteriores, al considerar que eran ilegales, obteniendo en ambos casos sentencias favorables a sus posiciones.
Los residentes en la zona, según ha podido contrastar este diario, consideran que la situación no ha cambiado y, por tanto, se disponen a emprender el camino del recurso. En primer lugar, de acuerdo con la legislación vigente, impugnarán el acuerdo ante el propio Ayuntamiento y ante la previsible desestimación, recurrirán por la vía de lo contencioso-administrativo. Los argumentos, igualmente, serán los mismos que se vienen esgrimiendo desde el primer día: que los terrenos en que se construyó la planta no eran válidos para acogerla, de hecho su catalogación fue modificada por el Ayuntamiento con posterioridad, y porque su distancia con respecto al casco urbano era inferior a los dos kilómetros que fija la legislación vigente, ya que apenas alcanzaba los 700 metros.
En ambos procesos, los tribunales dieron la razón a los vecinos, que confían en que la situación ahora volverá a repetirse, aunque obligándoles a un alto desembolso por los gastos judiciales.
Esta planta de basuras fue terminada en abril de 2002 e inaugurada oficialmente el 14 de febrero de 2003, en un momento en que no contaba con accesos autorizados ni luz ni agua. El acto estuvo presidido por el vicepresidente del Consell José Joaquín Ripoll, el conseller de Medio Ambiente Fernando Modrego y el alcalde de Alcoy Miguel Peralta.
La construcción había sido recurrida por los vecinos, a los que el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón posteriormente, declarando la planta ilegal. El Ayuntamiento y la propia Generalitat, a través de VAERSA, han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo que está pendiente de resolución y que marcará el futuro de la planta.