M. CANDELA
El gobierno del PP de Alcoy tiene voluntad política de apoyar al grupo Monllor, con la recalificación de sus naves industriales en Cervantes, para facilitar el traslado a los terrenos que ha adquirido en Cotes Baixes, según ha podido saber este diario de fuentes municipales. No obstante, se resalta que se trata de una operación muy compleja en la que deben resolverse muchos escollos, incluido el "mal ambiente" generado tras la operación de La Estambrera. El traslado, la recalificación y la edificación de viviendas son imprescindibles para que la compañía pueda mantener la actividad industrial.
El grupo Monllor, como se adelantó en la edición de ayer, se encuentra en situación de suspensión de pagos tras haber presentado el martes un concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, para sus cinco empresas y una sexta vinculada al consorcio, con más de 100 trabajadores en conjunto. Los administradores alegan como una de las causas principales, junto a la crisis del textil, la negativa del Ayuntamiento a recalificar sus terrenos para facilitar el traslado.
En el seno del gobierno del PP, según pudo saber ayer este diario, existe voluntad política desde el primer día para apoyar al grupo Monllor, cuya actividad industrial se remonta a 1850, pero se asegura que existen enormes dificultades para lograrlo. Aparte, se apunta a que ha habido múltiples conversaciones a lo largo de los últimos años.
De entrada, las informaciones recabadas aclaran que será preciso conocer con concreción el tipo de proceso judicial que se ha planteado. Aparte, se destaca que las empresas del grupo Monllor no son las propietarias de los terrenos en que están enclavadas, sino que lo es una empresa que carece de relación aunque muchos de los propietarios son los mismos. Esta cuestión, indican las fuentes consultadas, puede ser determinante durante el proceso concursal, en el caso que los dueños tengan que hacer frente con su patrimonio a indemnizaciones, lo que podría afectar a la propiedad del suelo.
En tercer lugar, estaría la cuestión laboral; es decir, si se va a reducir la plantilla y en cuánto, y la confirmación de que la empresa materializaría el traslado y continuaría con la actividad. Por último, se tendría que abordar la edificabilidad de la manzana -ubicada junto al cauce del río- y obtener los informes técnicos positivos necesarios, todo ello con un clima social favorable, para evitar la repetición de los problemas de La Estambrera.