El Casal desvía la responsabilidad de la discriminación a la Filà Navarros

M. CANDELA L
a Asociación de San Jorge ha desviado la responsabilidad del expediente por discriminación a la mujer a la Filà Navarros y ha solicitado su archivo, en el escrito de alegaciones que ha sido remitido por sus abogados a la Conselleria de Justicia, según ha podido saber este diario.
Justicia, tal y como se ha venido informando, abrió un expediente a la Asociación tras una queja por discriminación a la mujer formulada por Fonèvol. Este colectivo se amparaba en la sentencia de la Audiencia que condenó a la Asociación por discriminación sexual en la Filà Navarros, al haber rechazado el ingreso de tres mujeres el mismo día que se admitió a una treintena de hombres. Hay que recordar que las filaes carecen de entidad jurídica propia, por lo que la demanda tuvo que ser formulada contra el Casal.
En el escrito de alegaciones, los asesores jurídicos de la Asociación argumentan que no se puede sancionar al todo por la tarde; entienden que la sentencia de la Audiencia remite a una culpa muy concreta -el acuerdo de la Filà Navarros- y además consideran que se trata de un caso aislado, según las informaciones recabadas. En segundo lugar, esgrimen que esta filà cuenta con otras mujeres que forman parte de la misma. Sobre esta cuestión, también resaltan que las tres mujeres no han solicitado el ingreso en la Filà Navarros.
En otro orden de cosas, el escrito hace referencia a la política que viene auspiciando en los últimos años la Asociación de San Jorge para la integración de la mujer, destacando que en la actualidad 20 filaes cuentan con traje femenino. También se afirma que cientos de mujeres forman parte de las entidades festeras, y que no todas tienen el mismo régimen, en referencia a lo ocurrido con la Filà Navarros.
Entre otros argumentos destacados, la Asociación señala que la Filà Navarros no es la destinataria de las ayudas sino que son para todo el conjunto de las Fiestas, con lo que entienden se crearía un perjuicio a un colectivo no responsable de lo ocurrido en el seno de la citada entidad.
En base a las argumentaciones esgrimidas, el alegato concluye con la petición formal de que se proceda al cierre el expediente al considerar que no existe motivo alguno para la imposición de sanciones. La Conselleria de Justicia deberá decidir ahora si archiva el expediente o si continúa adelante; en el segundo caso, tendría que ser remitido al Ministerio del Interior al que competería la decisión definitiva, ya que la declaración de utilidad pública es una competencia del Gobierno central.