La línea Alcoy-Xàtiva vive en un permanente estado de precariedad, desde que en 1985 el gobierno socialista de la época decretó su cierre. Aquella primera amenaza de desaparición se salvó con una fórmula provisional, que se ha prolongado durante más de 20 años: Renfe mantenía el servicio y la Generalitat pagaba el déficit. Este sistema de convenios se ha mantenido sin interrupción hasta hace cuatro años. Actualmente, el tren se encuentra en una situación de indefinición legal, que ha bloqueado todas las inversiones en la línea. La causa de esta situación es la falta de acuerdo entre el Consell y Fomento para cederle al gobierno autonómico la titularidad del servicio. La Generalitat exige que el Gobierno central repare todo el tramo ferroviario antes de cederlo, mientras que el Gobierno central no da respuestas claras sobre sus intenciones.