El juzgado exime a los propietarios de l´Alamí del sobrecoste de las obras

A. TERUEL E
l Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha eximido a los propietarios de los terrenos donde se desarrolla el plan urbanístico de l'Alamí de Ibi de pagar el sobrecoste de las obras. De ese modo, la promotora de los trabajos, el Grupo Generala, tendrá que afrontar los más de cuatro millones de euros en que se ha incrementado la cuantía del proyecto. Asimismo, el fallo impone a la mercantil las costas del proceso.
La Generala había exigido que el equipo de gobierno forzara a los titulares de terrenos a costear el incremento de los gastos de urbanización derivados de la instalación de las redes de electricidad y aguas residuales. El Ayuntamiento desestimó la petición en Junta de Gobierno Local en julio de 2006, a lo que la promotora interpuso un recurso de reposición. Un Decreto de Alcaldía en noviembre de ese año volvía a rechazar esta pretensión, ante lo cual la empresa acudió al juzgado.
En la sentencia, el magistrado señala que, según la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU); -por la que aún se rige esta actuación-, "en modo alguno está contemplando el derecho a la retasación de las cargas de urbanización cuando se produzca cualquier variación" en el precio, aun en el caso de que fuera imprevisible. El fallo añade más adelante que, si la promotora no está de acuerdo con las condiciones que impone el Ayuntamiento, puede recurrirlas, pero no, como en este caso, "consentir primero la aprobación de la alternativa técnica" y después "pretender alterar los compromisos asumidos al aceptar la adjudicación".
Tras dar a conocer este pronunciamiento judicial, el equipo de gobierno ibense hizo ayer hincapié en que su actuación "vela por los intereses de los propietarios". La concejal de Hacienda y Régimen Económico, Felicidad Peñalver, insistió en que siempre se ha defendido que "la actuación se ejecute a un precio justo", por lo que se mostró satisfecha de que los afectados "vayan a ahorrarse cuatro millones de euros". Por su parte, el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, aseveró que el Ayuntamiento "ha defendido el interés general", y recordó que el sobrecoste "no estaba en las condiciones de adjudicación", por lo que la promotora no debía exigirlo a los propietarios. No obstante, recordó que La Generala es propietaria de gran parte del suelo.

Retraso justificado para la inscripción en el registro

Miguel Ángel Agüera justificó que el proyecto urbanístico de l'Alamí todavía no haya sido inscrito en el Registro de la Propiedad en la inminente creación de una oficina en Ibi. Hasta ahora, todos los bienes inmuebles del municipio se inscribían en Xixona, pero el Gobierno aprobó uno propio para Ibi el año pasado. Al mismo tiempo, respecto a la acusación de no haber exigido a La Generala el aval necesario del 7 por ciento de la obra, Agüera señaló que la empresa lo presentó "antes de que se firmara el convenio" entre ambas partes. En este sentido, la edil de Hacienda apostilló que la cuantía de ese aval es el que marca la ley y no se ha fijado de forma arbitraria.