o salen las cuentas. La propuesta que la alcaldesa de San Vicente, Luisa Pastor le planteó a Cemex hace quince días para lograr el cese de actividad de la cementera, no le gusta a la multinacional. El número de viviendas -500 en concreto- que se podrían construir en el terreno de su propiedad, tal y como propone Pastor, es la piedra de toque, según ha podido conocer este diario de fuentes próximas a la negociación. La empresa considera que es una cantidad escasa y que no cubre sus expectativas. Y no lo hace porque la rentabilidad que obtendría de vender suelo industrial sería mucho menor que la que lograría si ese terreno se convierte en urbano y crece ampliamente el número de inmuebles que podría acoger esa zona.
Teniendo en cuenta que Cemex ha mantenido durante los últimos años que su marcha está supeditada a que tenga un coste cero, la propuesta de la alcaldesa ha caído, de momento en saco roto.
El director de la planta de San Vicente, Joaquín Arroyo junto con el director de Relaciones Institucionales de Cemex, Ángel Galán mantuvieron ayer un nuevo encuentro con la alcaldesa de San Vicente, Luisa Pastor y los concejales de Urbanismo, Rafael Lillo, Hacienda, Manuel Marco y Medio Ambiente, José Rafael Pascual. La reunión se celebró en las dependencias de Urbanismo de la calle Primero de Mayo aunque dentro del más estricto secretismo. Según las fuentes consultadas, "se pretendía evitar una posible concentración de trabajadores de la planta en la puerta". El hermetismo sobre lo abordado a lo largo de las más de dos horas de reunión se mantuvo durante toda la jornada.
Los responsables de la multinacional se negaron a realizar cualquier declaración sobre lo tratado al igual que los responsables municipales. Empresa y Ayuntamiento elaboraron un escueto comunicado conjunto en el que destacaron su intención "de alcanzar un acuerdo que posibilite el cese de la actividad en el horizonte del 1 de enero de 2010" y su deseo "de tener en cuenta siempre, y en primer lugar, el interés de los trabajadores y las posibles alternativas de empleo en la comarca".
Comunicación
En los próximos días Cemex convocará al comité de Empresa para informarle del estado de las conversaciones aunque ya ayer dejaron plasmado, en el escrito remitido a los medios de comunicación, que "hasta el cese de la actividad de la fábrica, se garantizará el cumplimiento escrupuloso de la legislación ambiental vigente".
La propuesta planteada por la alcaldesa en la última reunión que mantuvieron ambas partes dejaba claro que el Ayuntamiento sólo ofrecía la posibilidad de construir 500 viviendas en los terrenos que actualmente ocupa la cementera. Con esta cifra y junto a las actuales edificaciones existentes en los barrios de El Tubo y Los Manchegos -próximos a la fábrica- sería posible solicitar la construcción de un colegio. En total sumarían unas 1.000 viviendas, el número mínimo para disponer de un centro educativo. Las más de 20 hectáreas que ocupa la industria quedarían distribuidas de la siguiente forma: cinco para un parque comercial, cuatro para un parque de oficinas, otras cuatro para un parque de ocio, un área residencial de 2,5 hectáreas, donde se levantarían 500 viviendas y otras 4,5 hectáreas para dotaciones públicas, viales, instalaciones deportivas y educativas.
En lenguaje puramente urbanístico, el Ayuntamiento está dispuesto a ordenar la zona a través de un Plan de Reforma Interior (PRI); o una figura similar.
Fuentes próximas a los participantes en la reunión de ayer indicaron que la alcaldesa no está dispuesta a incrementar el número de viviendas en masa y sólo accedería a ampliar el número en una cifra menor. En cambio, el Consistorio ha propuesto a Cemex que los técnicos municipales estudien posibles cambios en el resto de suelo para lograr el objetivo de llegar a un acuerdo. En todo el terreno menos en la parte de zona verde. Conclusión: la negociación todavía seguirá durante las próximas semanas y podría prolongarse hasta la fecha límite para obtener la autorización ambiental integrada, en el mes de abril.
