E

l anuncio del Ayuntamiento de San Vicente de retomar las negociaciones para cerrar la cementera antes del 1 de enero de 2008 ha sido recibido por el comité de empresa de la planta como "una agresión" a los puestos de trabajo. El máximo órgano de representación de los trabajadores emitió ayer un comunicado en el que mostró su total desacuerdo con el objetivo de la empresa y el Consistorio de acordar un cese de actividad antes de dos años.

Los representantes de los trabajadores avanzaron que tienen previsto convocar una asamblea una vez que se celebre el próximo encuentro entre Cemex y el Ayuntamiento, previsto para dentro de dos semanas. En ella se determinarán las posibles acciones que se podrían emprender en caso de que se cerrara un acuerdo para el desmantelamiento de la fábrica.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Guijarro, insistió ayer en que la prioridad de los trabajadores es que Cemex realice las inversiones necesarias para que la planta cumpla escrupulosamente con la legislación ambiental.

De hecho, Cemex ha pedido licencia para mejorar uno de los filtros de partículas instalados en el horno número dos, justo el que sufrió una avería a mediados de diciembre, tras detectar técnicos de la Generalitat un aumento de la contaminación por encima de los límites que fija la legislación ambiental.

Fuentes próximas a los trabajadores señalaron ayer que "no se entiende que la empresa gaste dinero en mejoras a largo plazo y acceda a las pretensiones de la alcaldesa".

Por otro lado, los grupos municipales de la oposición -PSOE y EU- criticaron duramente la reunión celebrada entre la alcaldesa y la dirección de Cemex. El portavoz socialista, Rufino Selva acusó a Pastor de negociar "a escondidas" y "a remolque" de la multinacional. El líder del PSOE local volvió a reiterar su desconfianza en el PP "por ser incapaz de cumplir el protocolo" que fijaba la fecha del 31 de diciembre de 2006 como límite para tomar una decisión sobre la planta. Para el PSOE es significativo que a día de hoy se desconozca el coste de la operación y el futuro urbanístico de la zona.

Con todo, los socialistas consideran positivo el primer paso que se ha establecido para concretar el cese de la actividad. Además esperan que "sea una propuesta compartida con Cemex y sus trabajadores, con el menor coste social posible y sin hipotecas insalvables para el futuro de los sanvicenteros en lo urbanístico y lo económico.

El PSOE insistirá en los próximos días para que se cumpla el punto número 6 del protocolo firmado por ambas partes en el que se establecía que "para el desarrollo de las conversaciones se creará una mesa de negociación en la que estarán integrados los portavoces de todos los grupos municipales con representanción en el Ayuntamiento adheridos al protocolo". La formación quiere conocer qué extremos se están pactando y sus condiciones, antes de la próxima reunión entre la alcaldesa y Cemex, que está prevista para dentro de dos semanas. Su objetivo ahora es que "Pastor no se plegue a las imposiciones de la multinacional para evitar un posible pelotazo urbanístico en la zona".

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida, José Beviá, criticó igualmente "la forma de actuar del equipo de gobierno a espaldas de la oposición y del pueblo en general". "Lo que EU tiene claro es que no se puede negociar el cierre de una empresa hipotecando el futuro crecimiento de San Vicente fuera de un nuevo PGOU. Y menos aún se pueden tener reuniones secretas para decidir el futuro laboral de los trabajadores tanto directos como indirectos", añadió.